El Gobierno no descarta la posibilidad de acometer una reforma en el Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para permitir que sean intervenidas las comunicaciones de los abogados cuando haya indicios suficientes de su participación o colaboración en un delito.
Así se desprende de las declaraciones del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa de ayer posterior al Consejo de Ministros al ser preguntados por la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de anular la intervención de las comunicaciones que mantuvieron en prisión los imputados en el "caso Gürtel" con sus abogados.
Se da la circunstancia de que Rafael Perera, abogado del ex president Jaume Matas, ha pedido que las escuchas telefónicas entre él y su defendido, obtenidas al estar intervenido el teléfono de Matas por orden judicial, no sirvan como pruebas.
Según explicó ayer Rubalcaba, hay que ver si efectivamente ese tipo de escuchas son útiles para combatir el crimen y perseguir a los delincuentes y, si es así, -ha dicho-, "igual hay que hacer alguna modificación en la ley para dejar claro que es posible escuchar a un abogado cuando lejos de ejercer el derecho de defensa, está siendo cómplice de la voluntad de su mandado de esconder el dinero". No obstante, el titular de Interior ha asegurado que el debate abierto no afecta a los métodos o mecanismos para intervenir las comunicaciones, sino que es un debate jurisprudencial que corresponde más al ministerio de Justicia que a su departamento, aunque admite que "hay mucho lío" que "no es casual".
