El Govern balear pedirá un informe jurídico para saber si puede expedientar al funcionario Jaume Matas. Este tipo de diligencias administrativas se abren cuando un funcionario está sumido en un proceso judicial grave. En estos momentos Matas sigue siendo funcionario de la Comunidad Autónoma en excedencia voluntaria, se le imputan 13 presuntos delitos y ha tenido que hacer frente a una fianza de 3 millones de euros para eludir la cárcel. Fuentes jurídicas del Ejecutivo señalaron que el caso de Matas es un "expediente disciplinario de libro" por la multitud de presuntos delitos que le imputa el juez y la Fiscalía.
El informe jurídico lo solicitará la conselleria de Interior y Función Pública, ya que corresponde a la consellera, Pilar Costa, ordenar la incoación del expediente sancionador de un funcionario.
Según ha podido saber este periódico de fuentes de Función Pública, el informe se solicitará para saber si el Govern tiene base jurídica para proceder a expedientar al funcionario Matas, ya que el ex president cometió los presuntos delitos cuando se encontraba en excedencia por servicios especiales y no estaba ejerciendo como empleado público.
A pesar de ello, fuentes de los servicios jurídicos del Govern consultadas por este periódico resaltaron que ha habido casos de funcionarios "con delitos mucho menores a los presuntamente cometidos por Jaume Matas que han concluido con la suspensión de empleo y sueldo durante 6 meses". Las mismas fuentes jurídicas explicaron que con la cantidad de presuntos delitos que le imputan a Matas el expediente sancionador es de "libro". Recordaron que los trabajadores públicos deben estar "inmaculados" y por este motivo la Ley de Función Pública contempla la apertura de los expedientes sancionadores a los funcionarios "bajo sospecha" de delitos graves. Asimismo comentaron que una de las principales imputaciones a Matas es la malversación de caudales públicos, un delito por el cual es motivo de inhabilitación para ejercer de funcionario público.
Desde el Govern explicaron también que se puede dar el caso que a la vista de la investigación judicial y el desarrollo de los acontecimientos, se deba suspender la tramitación del expediente hasta que exista una sentencia firme. Lo más probable es que para la apertura de juicio contra Matas pueda transcurrir cerca de un año.
En el caso que el informe jurídico que solicitará la conselleria de Interior y Función Pública fuera afirmativo y se considerara oportuno abrir un expediente [a pesar de que Matas estaba en excedencia cuando presuntamente cometió los delitos que le imputan] y corresponderá a la decisión política de la consellera Pilar Costa y del actual president del Govern, Francesc Antich. La ley de Función Pública atribuye esta competencia al conseller responsable de área.
Perdió su plaza en Economía
Tal y como publicó DIARIO de MALLORCA la pasada semana, Jaume Matas perdió su plaza de jefe de servicio de Presupuestos de la conselleria de Economía y Hacienda cuando decidió dejar la política y marcharse a trabajar a Estados Unidos. Matas pidió excedencia para servicios especiales al ser nombrado director general por parte del conseller de Economía, Alexandre Forcades, en 1995. Condición que prorrogó durante sus etapas de president del Govern y de ministro de Medio Ambiente. Pero en 2007 dejó de tener cargo público y la excedencia se reconvirtió en voluntaria y automáticamente perdió su plaza fija como jefe de servicio de Presupuestos.
En estos momentos, Matas sigue siendo funcionario, pero sin plaza. En caso de que quiera regresar a trabajar a la administración, el departamento de Función Pública lo mandará a cubrir vacantes, ya que su antigua plaza en Economía ya está cubierta.
En el Govern respiraron al comprobar que Matas había perdido su plaza de jefe de servicios de presupuestos de la conselleria de Economía y Hacienda, ya que en estos momentos y a la espera de la instrucción de su caso donde se le imputan 13 delitos, no verían con muy buenos ojos que asumiera como funcionario la gestión de los presupuestos de la Comunidad un señor que ha confesado ante el juez haber cometido fraude fiscal.
