La portavoz parlamentaria del PP, Mabel Cabrer, reconoció ayer que la Ley de Símbolos deberá adaptarse al dictamen del Consell Consultiu, pero "sin perder su filosofía", advirtió. El alto órgano jurídico emitió el pasado viernes un duro dictamen en el que acusaba al Govern de "atentar contra la libertad de expresión" y tachaba de "inconstitucional" la norma impulsada por el Ejecutivo que pretende prohibir la colocación de lazos en los centros docentes. El sindicato mayoritario en la educación balear, STEI, exigió ayer la retirada de la norma y anunció movilizaciones si el Govern no la paraliza.
Cabrer declaró que los edificios públicos deben "representar el interés general con objetividad. No deben albergar muestras políticas que representan una parte de la sociedad". La portavoz popular se remitió a las declaraciones del vicepresidente Antonio Gómez que aseguró que el Govern estudiará el decreto. Sin embargo, tal y como publicó este periódico el pasado domingo, Gómez no era partidario de acatar las propuestas del órgano jurídico.
El dictamen de la mayoría conservadora del Consultiu, encabezada por su presidente, Rafael Perera, le recuerda al Ejecutivo de Bauzá que el artículo 20.1. de la Constitución Española establece que el derecho a la libertad de expresión "no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa, por lo que no resulta legítimo ni admisible el régimen aludido de autorización previa de la conselleria competente" para colocar símbolos en los centros docentes.
Por otra parte, el sindicato STEI exigió ayer al Govern que retire el anteproyecto de ley de uso de símbolos y advirtió que "si no hay rectificación y negociación, habrá movilizaciones". El sindicato considera que el dictamen del Consultiu es suficientemente claro y contundente al asegurar que la normativa que pretende aprobar el Govern "no se ajusta a derecho, es inconstitucional y atenta contra la libertad de expresión". Por todo ello, exigen al Ejecutivo que la retire y no descarta movilizaciones del sector educativo en caso de no hacerlo.
El diputado de Més per Mallorca, Antoni Alorda, calificó de "muy grave" que el propio Consultiu alerte de atentar contra la libertad de expresión. Alorda anunció que pedirán explicaciones al vicepresidente Gómez.
Pleno del Parlament
En otro orden, el PSIB-PSOE acusó ayer al Govern del PP de "autoritario por utilizar la vía del decreto-ley para gobernar". Los socialistas denunciaron que ha aprobado 23 decretos-ley en dos años, frente a los ocho que se impulsaron en toda la pasada legislatura. El Parlament acogerá hoy tres sesiones plenarias extraordinarias consecutivas, en las que se prevé aprobar tres nuevos decretos-ley sobre zonas turísticas maduras, movilidad funcionarial y la creación de una red hospitalaria pública de Balears.
