Cambio de planes. El Govern va a suspender el pago del controvertido ‘Nivel 33’ a la totalidad de funcionarios expolíticos que lo perciben, y que en Balears pueden superar ampliamente los 300, según cálculos sindicales. El Ejecutivo quiere adoptar finalmente esta fórmula -dejar de abonar el complemento salarial a todos los actuales perceptores y futuros- al descubrir que resulta inviable legalmente suprimirlo, como se ha comprometido en esta legislatura. Esta prebenda puede suponer entre 400 y 800 euros más al mes para los ex altos cargos que se reincorporan al servicio activo tras la excedencia por servicios especiales.
El exconseller Antonio Gómez, del PP, o el ex director general Antoni Verger (Més), que han visto como se les reconocía el cobro del ‘Nivel 33’ recientemente, son algunos de los que se verán perjudicados por la iniciativa. También un sinfín de expolíticos conservadores desde los tiempos del expresidente Gabriel Cañellas, o de los dos primeros gobiernos del Pacto.
El pasado 24 de julio, el portavoz del Ejecutivo, Marc Pons, anunció la derogación del llamado ‘plus político’, en virtud de los acuerdos de gobernabilidad firmados entre PSOE, Més y Podemos. Al estudiar jurídicamente cómo aplicar esta supresión, los técnicos han constatado que la normativa estatal ampara el abono de dicho sobresueldo en determinados casos, con lo que carecería de sentido eliminarlo de la legislación balear. Muchos de los ex altos cargos podrían aferrarse al Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) para que se les siguiera reconociendo el pago, y la eliminación acordada por el Govern quedaría en papel mojado a efectos prácticos.
El EBEP estipula que “los funcionarios públicos que hayan sido nombrados altos cargos, miembros del Poder Judicial o de otros órganos constitucionales o estatutarios o que hayan sido elegidos alcaldes, retribuidos y con dedicación exclusiva, Presidentes de Diputaciones o de Cabildos o Consejos Insulares, Diputados o Senadores de las Cortes Generales y miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas” tienen derecho al ‘Nivel 33’.
Normativa supraautonómica
En consecuencia, aunque el nuevo Govern suprimiera de la ley balear de Función Pública el derecho al cobro a los que han sido consellers o directores generales, no podría impedir que lo percibieran los alcaldes, presidentes de los Consells o diputados autonómicos, ya que la normativa estatal está por encima de la autonómica.
Así las cosas, el nuevo Govern del Pacto ha optado por otra vía, la de congelar el abono del polémico plus para determinados funcionarios tras su paso por la política. El mayor impacto de la medida radica en que ésta tendrá carácter retroactivo. Ya ha sido decidida a nivel político, y está levantando ampollas en las distintas conselleries y demás administraciones públicas, donde está siendo la comidilla.
Hasta el último momento muchos de los beneficiarios -de todos los colores políticos- confiaban en que la promesa del nuevo Ejecutivo solo afectaría a los nuevos altos cargos de ahora en adelante, pero se mantendría el derecho a cobro a todos los perceptores que llevan años teniendo el complemento reconocido.
Muchos funcionarios de PSOE y Més que en su día ocuparon cargos públicos han hecho llegar reiteradamente su malestar a las cúpulas de ambos partidos por el perjuicio que les supondría la eliminación del ‘Nivel 33’ con efectos retroactivos. Sin embargo, las dos formaciones se ven obligadas a cumplir sus compromisos electorales, que también exige Podemos o el sindicato STEI, y la única solución factible que han encontrado es la suspensión sine díe del pago del complemento.
Desde el Govern se justifica la fórmula de la suspensión del ‘Nivel 33’ para evitar la discriminación entre unos funcionarios y otros, de modo que no haya distinciones y un grueso de expolíticos lo siguieran cobrando mientras los que ejercen en esta legislatura ya no pudieran hacerlo. También se pretende que se visualice de manera inmediata la iniciativa del Govern, así como el ahorro de miles de euros que supondrá para las arcas autonómicas. No ha trascendido si la congelación del ‘plus político’ que acordará el Govern se hará extensiva a los Consells, a los Ayuntamientos o a la Universidad, que los remuneran respectivamente a sus plantillas.
Algunas voces ya han alertado por su parte de los riesgos que puede conllevar este acuerdo a largo plazo, caso de que los perjudicados puedan reclamar la devolución con intereses en el futuro.
En el argot funcionarial se llama ‘Nivel 33’ a la consolidación del máximo grado de la escala y del complemento de destino de un director general de la administración del Estado. El plus oscila entre los 400 y los 800 euros mensuales, unos 500 de media general. Tiene derecho a cobrarlo aquel funcionario que ha ocupado durante dos años continuados, o tres con interrupción, determinados cargos políticos (presidente del Govern y de los consells, consellers, directores generales, secretarios generales técnicos, alcaldes con dedicación exclusiva...), saltándose así de un solo paso todos los escalafones por los que debe pasar el común de los funcionarios para promocionar.
