Jesús Cardenal tiene nombre redentor y apellido acusador. En efecto, fue fiscal general a las órdenes de Aznar. En cierta ocasión, la revista Época le preguntó si la justicia favorecía a los poderosos. En su honor, no negó la evidencia. Explicó que los ricos pueden contratar a mejores abogados, que a su vez proponen mejores argumentos y convencen por tanto a los tribunales. Recuérdelo antes de escatimar en socorro jurídico.
El proceso del caso Infanta culmina una década en la que ha periclitado la doctrina de Cardenal sobre los excelentemente pagados, véanse las condenas por corrupción a clientes de abogados de prosapia. En Palma se libra ahora mismo el combate entre la consolidación de una justicia abierta y el retorno a la casilla inicial.
En la guerra hobbesiana de todos contra todos en que ha degenerado el juicio del caso Infanta, la exhibición de los gallos de afilados espolones y sonrosada cresta disimula la insistencia cansina en convencer al vulgo de que la Infanta es la cumbre de la inocencia. Felicitamos a los batalladores empeñados en olvidar que la hermana del Rey figuraba en el quinteto de lujo del Instituto Nóos sinónimo de lucro, que tenía la mitad de Aizoon, que aparecía en los trípticos promocionales y que lo firmaba todo por delante de su marido.
En solidaridad con quienes interpretan cada palabra y cada visaje del juicio como una exoneración de la pobre Infanta que ingresó centenares de miles de euros trucados sin darse cuenta, adjuntamos una batería de titulares que remodelen su ajado arsenal: "Francina Armengol se encadena a los cañones del Consolat hasta que se libere a la Infanta", "El Real Mallorca explica su bajo rendimiento por la injusticia de contemplar a una Infanta en el banquillo", "Les Luthiers no actuarían en Palma si no estuvieran convencidos de la inocencia de la Infanta".
Tras el colaboracionismo, queda un rincón para los hechos. Jamás se aclarará si la mitad de la Infanta en la sociedad Aizoon tenía por objeto el escudo fiscal. Más allá de la preterición de imposible elucidación, porque el pasado es más difícil de predecir que el futuro, lo cierto es que Aizoon quedó exenta del escrutinio de la Agencia Tributaria durante sus manejos.
Al margen de su voluntad, la Infanta blindó a su sombría sociedad contra Hacienda, porque no hubo inspección durante los años del saqueo. Solo una vez iniciada la instrucción de Castro, un milagroso programa informático "aleatorio", repase su Snowden, aconsejó examinar las cuentas culpables de la tapadera ahora sometida a juicio.
Diego Torres firmaba habitualmente por delante de su esposa Ana María Tejeiro, pero la Infanta precedía como es lógico a su testaferro plebeyo. Y en esta "bellum omnium contra omnes", recuerden que la imputación de Cristina de Borbón procede de una flamígera declaración solicitada en Instrucción por el mismo Torres que ahora pretende salvarla. Hasta los abogados más caros deben saber que puedes tirar de una cuerda, pero no puedes empujar con ella.
