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Entrevista

Antonio Terrasa García: “En los edificios judiciales de Palma no cabe ya ni un solo juez de refuerzo ”

“Llevamos un año esperando del ministerio un simple plan de edificación. No puede esperar más”

Antonio Terrasa García: “En los edificios judiciales de Palma no cabe ya ni un solo juez de refuerzo ”

Antonio Terrasa García: “En los edificios judiciales de Palma no cabe ya ni un solo juez de refuerzo ” B. Ramon

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Antonio Terrasa García: “En los edificios judiciales de Palma no cabe ya ni un solo juez de refuerzo ” Marcos Ollés

Antonio Terrasa García (Palma, 1957), es presidente del Tribunal Superior de Justicia de Balears desde 2004, cargo que está a punto de dejar. Fue presidente de la Audiencia Provincial y decano de los jueces de Palma.

P ¿Cuáles son las necesidades más urgentes de la Justicia en Balears? ¿Qué cambiaría?

R Yo empezaría por lo más difícil y lo que tardaría más en producir efecto, porque siempre se deja para el final y nunca se acaba teniendo. Me refiero a los edificios. Llevamos un año esperando un simple plan de edificación que no cuesta un euro y es un instrumento necesario para racionalizar la distribución de los recursos y dimensionar lo que necesitamos a corto y a medio plazo. Sin eso es muy difícil gestionar la creación de nuevos juzgados. No puede esperar más.

P Deja el cargo después de 16 años y tres mandatos. ¿Cómo ha evolucionado la Justicia durante todo este tiempo? ¿Funciona mejor?

R Aunque no lo parezca, va evolucionando. Los cambios son tan lentos que dificultan percibir con claridad esa mejora. Resolvemos más asuntos que nunca, pero los tiempos de respuesta son lentos y en situaciones críticas esto es irrazonable y desesperante. Los jueces, individualmente, deberíamos hacer más, y más en esta situación crítica. Pero como colectivo no nos lo ponen fácil. Tenemos más asuntos que la media de la Unión Europea y sin embargo tenemos menos jueces.

P ¿Cuál es la solución?

R Lo que pedimos no son tanto recursos económicos como instrumentos más adecuados. Especialmente, organización. Por un lado, tenemos herramientas como el proceso que no están adecuadas. Por ejemplo, el procedimiento penal sigue pendiente de una reforma íntegra y congruente. Funcionamos a parches. Todas las reformas son parches por urgencia que restan coherencia y complica la gestión del proceso. Por otra lado, más de la mitad de la plantilla es interina, con lo que cual tenemos una movilidad exagerada que tampoco ayuda. Las herramientas más modernas, informáticas, como el expediente electrónico, van mejorando, pero en áreas como la penal tiene más inconvenientes que ventajas; necesita mejorar.  

P A todo esto hay que añadirle las dificultades que genera la crisis del coronavirus. ¿Cómo se están adaptando los tribunales?

R Nos estamos adaptando, con éxito en algunas parcelas, a una operatividad menos presencial que tratamos de consolidar. El objetivo es recuperar la misma productividad que teníamos antes del confinamiento. En paralelo, estamos gestionando refuerzos para recuperar el depósito generado por estos meses de ralentización. Y más adelante, cuando se pueda valorar con datos tangibles el aumento de litigiosidad, se medirán las necesidades.

P Dice un viejo adagio que la justicia que es lenta no es justicia, pero hay procesos penales que se dilatan durante años. ¿Qué falla?

R En el proceso penal el principal problema está en la fase de instrucción. No puede tener un tiempo tasado, porque depende de la investigación. Es verdad que la mayor parte de las investigaciones no requieren un tiempo prolongado por su sencillez. Pero no siempre es así, y el problema es que cuanto más compleja es, más tiempo requiere. Las últimas reformas procesales han facilitado que en un primer instante del proceso se cribe lo que carece de entidad penal o se agilice lo que tiene una levedad manifiesta. El problema sigue residiendo en las investigaciones complejas, que consumen un tiempo que está por encima del promedio. 

Tenemos más asuntos y menos jueces que la media de la UE. No nos lo ponen fácil

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P El resto de jurisdicciones también están colapsadas. 

R Pero, en el resto, es por un desfase entre medios y carga de trabajo. En cuanto se dote de los órganos adecuados para afrontarla, la proporción se adecúa. El foco de la instrucción es muy oscilante y da ese mal resultado y una sensación a veces equívoca, porque el foco mediático se proyecta muy concretamente en asuntos complicados y delicados. Y esa es la sensación que más se subraya. Estamos siempre pendientes de una reforma íntegra y congruente del proceso penal. Parece que en Justicia nunca hay un proyecto consistente duradero y mucho menos un consenso sostenido.

P ¿Qué jurisdicciones van a ser las más afectadas por esta crisis?

R Previsiblemente, en los juzgados de lo social, por cuestiones de despidos, Seguridad Social y prestaciones, y en lo mercantil, por los concursos, derechos de los consumidores, contratos de transporte... También es previsible que, en conjunto, si la actividad económica se reduce, la litigiosidad tienda a no crecer.

P ¿Cree que las medidas aprobadas por el Gobierno para paliar el colapso judicial serán efectivas?

R Por un lado, tratan de reorganizar la operativa no presencial. Se nos han facilitado algunos instrumentos y estamos pendientes de más, como comunicaciones a distancia, multiconferencias... Se han facilitado las conexiones telemáticas para detenidos. Estas medidas yo creo que se irán consolidando, en la medida en que sean razonables, por ejemplo para evitar desplazamientos entre islas. Ahorran costes y tiempo. La contrapartida tendría que ser una adaptación adecuada al resultado procesal. 

P Ha habido un debate jurídico intenso sobre la restricción de derechos fundamentales por la crisis del coronavirus. ¿En qué posición se encuentra usted?

R No tengo posición porque tengo que fallar. Tenemos asuntos que vendrán en apelación, instrucciones en marcha, las sanciones penales por desobediencia... Lo que sí puedo decirle es que sería deseable una conjugación de normas adecuada para evitar que haya interpretaciones diferentes, una regulación coherente para evitar incertidumbre.

P Durante su mandato se ha producido una avalancha de casos de corrupción política, con juicios al expresidente Matas y a la infanta Cristina. ¿Cree que han conseguido transmitir que la Justicia es igual para todos?

R Lo que se ha demostrado es que se han seguido procedimientos contra cualquier persona o tipo de personas respecto de las que se han encontrado sospechas, indicios y pruebas, independientemente de su condición. La cantidad de asuntos que se han producido en este sentido da una medida clara de la situación. La percepción que tiene el ciudadano está mediatizada por los medios de comunicación, que dan uno u otro tipo de reflejo a esas situaciones. 

P Se ha producido también un cambio profundo en la respuesta judicial a la violencia machista, pero cada año decenas de mujeres son asesinadas en España. ¿Qué falla a nivel judicial?

R Yo creo que lo que falla es la expectativa. Hay una frustración por una sangría que no para. En ocasiones da la sensación de que se hace depender básicamente de la represión, cuando en realidad depende de la educación, y eso tarda siempre mucho más. La Justicia yo creo que funciona, con errores, con desaciertos que se deben corregir. Pero no es sensato fiarlo todo a la represión, sino que hay que descansarlo en la educación y en el civismo.

P Del tercer juzgado de violencia machista en Palma hace mucho que se habla, pero no llega. 

R Como tantos otros. Es uno de los órganos que hemos dicho que se deben crear. Aunque parezca mentira, ni el personal judicial ni los medios de que disponemos dependen de los jueces. Dependen del Gobierno, del ministerio de Justicia. Y eso ayuda todavía más a complicar la efectividad de esta organización.

P ¿Es frustrante ocupar la presidencia del TSJB y no poder tomar las medidas adecuadas?

R Frustrante no, porque ya lo sabemos. La verdad es que cuando uno accede al ámbito gubernativo de las tareas judiciales lo hace con la intención de ayudar y que el ciudadano pueda recibir la mejor respuesta posible. Pero con la experiencia que tengo, veo que es un reto muy ambicioso porque todo es un camino lleno de dificultades. No pedimos más gasto, sino una organización más correcta, eficiente y adecuada.

No es sensato fiar la violencia machista a la represión. Hay que descansarlo en la educación

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P ¿Cree que la Justicia, siendo uno de los pilares del Estado de Derecho, está olvidada por los políticos?

R Parece que interesa poco. No tanto la Justicia, que cuando interesa es por alguna urgencia irremediable y por lo tanto la reacción es a borbotones, con prisas, siempre de una manera poco cohesionada con el sistema. Les interesa de una manera puntual y acelerada, que luego se abandona y se retoma nuevamente con ese mismo carácter. No hay una política de Estado, un plan conocido más o menos factible y que obligue a racionalizar las inversiones, el gasto y la energía de los operadores jurídicos. No hay un interés sostenido.

P La Justicia ha tenido su innovación tecnológica, pero sigue habiendo muchos problemas. ¿Hace falta más inversión?

R Hay una mezcla de elementos no bien conjugados. Tenemos la gestión del proceso con un sistema operativo vetusto, arcaico, al que se van sumando nuevos elementos modernos, más rápidos, más ágiles, pero falta coherencia de conjunto. Se ha ido haciendo de manera improvisada. No hay una integración territorial. Volvemos a lo mismo: estamos pendientes de un plan conocido, coherente y viable.

P Reclama algo parecido a un pacto de Estado por la Justicia, pero ni siquiera hay acuerdo para renovar el CGPJ.

R No me haga hablar, no me haga hablar... 

P ¿Cree que la Justicia está politizada?

R [Silencio] Desde que nuestro Tribunal Constitucional consideró correcto que más de la mitad de la cúpula judicial la elijan los políticos, tenemos un escollo pendiente de resolver. Pero esto no tiene que ver con las decisiones judiciales. Es difícil explicarlo cuando en un órgano colegiado se decide sistemáticamente por bloques ideológicos, pero lo cierto es que es inevitable que cada juez tenga su propia manera de pensar y su propia ideología. El antídoto contra la sensación de politización son los argumentos con que se sostienen las decisiones. Muchas veces el tratamiento de los que opinan sobre las decisiones judiciales margina el tratamiento argumental y se van a hacer juicios de valor o de intenciones. Si la crítica es al argumento, no hay ningún problema. La crítica en los medios de comunicación es deseable e irrenunciable. Hay algunos puntos de fricción, por ejemplo por la falta de regulación del secreto profesional, pero creo que la convivencia entre periodistas y jueces es correcta. Hay que conjugar el derecho a la información con las garantías del proceso. La solución es tratarlos como derechos fundamentales, dando en puntos críticos prevalencia a uno u otro. La falta de regulación específica del secreto profesional de los periodistas es una fuente de problemas y dudas.

P La sentencia del ‘Caso Móviles’ era muy crítica con el papel del magistrado, pero consideró que no cometió delito. 

R Lo que quería decir ya lo he dicho. La falta de regulación legal específica del secreto profesional es un problema. Normas que se refieran o que regulen hay bastantes, pero no hay coherencia entre ellas que contemplen estas situaciones, para garantizar el derecho a la información veraz.

La Justicia sigue esperando un plan conocido, coherente y viable. No hay política de Estado

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P El Caso Cursach ha llevado ya al banquillo a un juez, que fue absuelto, y otro está imputado por graves delitos. ¿Qué tiene esta causa para encontrarnos en esta situación?

R Me permitirá que no me pronuncie sobre asuntos, que están pendientes de resolver. Comprendo el interés, pero mi posición no me lo permite. Ya me gustaría poder rajar lo que me diera la gana, pero no lo puedo hacer. 

P Hace tiempo que se denuncia la falta de espacio en los juzgados de Palma. ¿Es partidario de crear una Ciudad de la Justicia?

R Lo que necesitamos es un plan. Y llevamos más de un año pendientes de que el ministerio haga uno. Lo peor que le puede pasar a un territorio es no tener dónde poner un juzgado nuevo, que es lo que nos pasa a nosotros desde hace varios años. Esto no puede continuar así de ninguna manera, es insensato. Ya no es que no se haga una inversión mínima, es que ni siquiera se prevé un plan que no cuesta nada. Sin el plan no damos más que palos de ciego. Hace 15 años que decimos que los edificios están agotados. No cabe ya ni un solo juez de refuerzo.

P ¿Balears debería asumir las competencias de Justicia?

R Depende de la manera de gestionar. A la comunidad, por ejemplo, no habría que explicarle que en unas islas no se pueden hacer demarcaciones que no contemplen la insularidad múltiple.

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