La retirada del pasaporte al ex president Matas y la millonaria fianza que han pedido los fiscales para que –a la espera de ser juzgado– eluda la cárcel, se corresponden, sin duda, a la gravedad de los delitos que se le imputan. Nada más y nada menos que tres millones de euros, toda una marca en los anales de la fiscalía anticorrupción de Balears, superando con creces la que fue impuesta a su antigua socia, Maria Antònia Munar, y a todos los políticos que han sido investigados hasta el momento. Pero, sobre todo, estamos ante una fianza ejemplar, millonaria, para quién presidió Illes Balears de manera nada ejemplar. Los ciudadanos en general, los medios de comunicación, los partidos que forman el gobierno y hasta algunos dirigentes del PP, con la boca pequeña –eso sí – hace tiempo que pedían al ex president que despejara todas las dudas sobre el origen de su incremento patrimonial y del alto nivel de vida que llevaba, pero ante el juez el imputado quiso escurrir el bulto, responsabilizando de las irregularidades a sus subordinados y justificando su riqueza en herencias familiares y cobro de alquileres en negro.

En definitiva, que Matas ha preferido pasar como defraudador de Hacienda, buscando la complicidad del lado más oscuro de la sociedad mallorquina, antes que reconocer su participación o siquiera responsabilidad en el descontrol del Palma Arena, el mayor despilfarro de dinero público de nuestra historia autonómica. Jaume Matas ha confesado ser un defraudador de Hacienda y, paralelamente, un pésimo gestor de los dineros públicos. ¿En qué queda ahora su pretendido prestigio de buen administrador, como político que, se dijo, fue capaz de poner al día las infraestructuras de Balears? Es evidente que si su comportamiento como ciudadano, que debe pagar religiosamente sus impuestos, dejó mucho que desear, no muy diferente debió ser como presidente. Como mínimo, no es de recibo que sea incapaz de explicar cómo se duplicó el presupuesto del velódromo, del mismo modo que es inaceptable que responsabilice de todo a quién fue su hombre de confianza, el ex director de deportes, Pepote Ballester.

Al solicitar medidas cautelares como las que han pedido los fiscales es evidente que las explicaciones dadas por Matas no han despejado ninguna de las dudas existentes. Antes bien, dejan claro que hay indicios suficientes para que la investigación judicial siga adelante hasta sus últimas consecuencias, que es lo que está demandado la sociedad. Y eso, además de para que se haga justicia, porque los mallorquines no quieren esconderse ante el mundo – lo que sería absolutamente impropio de quienes viven de y para el turismo – o exponerse a que Mallorca y Balears lleguen a convertirse en sinónimos de corrupción, como en su día se creó el verbo balearizar para explicar la especulación que destruía el paisaje. Para llegar a saber toda la verdad sobre lo ocurrido la pasada legislatura habrá que esperar a los juicios, tanto de Matas como de Maria Antònia Munar, pero esto no es óbice para que los partidos que les ampararon no inicien ya un acto de contrición y, especialmente, de revisión de unos hechos y de unos comportamientos que nos han desprestigiado a todos.