Memoria histórica asimétrica y selectiva

La memoria histórica vuelve a ser objeto de polémica a consecuencia del informe elaborado por el relator especial de la ONU sobre Verdad, Justicia y Reparación, el relator de ejecuciones extrajudiciales, el grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas y la oficina del Alto Comisionado para los DDHH, a raíz de la petición del Gobierno en relación con las llamadas leyes de Concordia impulsadas por PP y Vox en Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León, que pretenden derogar las normas regionales de memoria democrática.

Según el documento, que no es un informe oficial de Naciones Unidas, por mucho que lo quiera hacer ver el Gobierno, en un comportamiento que recuerda mucho al del independentismo durante el ‘procés’, se afirma que esas normas podrían vulnerar aspectos de diversos tratados internacionales suscritos por España, concretamente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la convención internacional para la protección de todas las personas y contra las desapariciones forzadas. Se argumenta que las políticas de memoria son obligaciones de derecho internacional, que su derogación dificultaría la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de los derechos humanos, que podría suponer límites en acceso al paradero de las víctimas de la guerra civil o el franquismo e invisibilizarlas o que el hecho de evitar nombrar o condenar el régimen franquista supone alentar teorías negacionistas sobre la contienda y el régimen dictatorial.

Este es otro episodio en la disputa entre distintos sectores ideológicos desde que, en 2007, José Luis Rodríguez Zapatero impulsó la ley de memoria histórica, a cuya parte del articulado el PP se opuso, y que ha arreciado con la aprobación en 2022 de la ley de memoria democrática, con la oposición de PP y Vox. Y ello se explica porque la memoria histórica, apuntaba Stanley Payne, tiene poco de memoria y poco de historia. Es más bien una interpretación de los hechos con intencionalidad política y con la pretensión de convertirse en verdad oficial susceptible de generar discrepancias. Numerosos historiadores, como Tony Judt en Olvidado siglo XX o TzvetanTodorov en El abuso de la memoria, alertaron de ese riesgo, así como de que un exceso de memoria podría desencadenar el resurgimiento de rencores y odios. Frente a ello, David Rieff, primero en Contra la memoria y luego en Elogio del olvido, concluyó que en determinados casos resultaba imposible la convivencia si no se dejaba actuar al olvido.

Asumiendo la obligación de cumplir los mandatos internacionales y la voluntad de preservar en la memoria las violaciones de derechos humanos cometidas en la Guerra Civil y el franquismo para honrar a las víctimas y evitar repetir los hechos, es necesario abordar esta cuestión de manera consensual a riesgo exacerbar las divisiones, tal y como advierte Rieff. Y para ello es preciso superar asimetrías. Porque si durante largo tiempo las víctimas republicanas fueron silenciadas ahora algunos tienen la percepción de que las silenciadas son las otras, porque el franquismo ya las restituyó. Sin olvidar que la importancia que se da a la vieja memoria minimiza y silencia la más reciente, como la relacionada con el terrorismo etarra. Un buen ejemplo de ello es la interpretación de que las recientes elecciones vascas han implicado pasar página, una interpretación que sorprendentemente hacen los mismos que se resisten a pasar página de un pasado aún más lejano.

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