El Ayuntamiento de Palma pidió ayer a la jueza de instrucción 5 que condene a una joven okupa de uno de los pisos municipales de Corea al inmediato desalojo de la vivienda y al pago de una multa de 180 euros.
La acusada reconoció que entró a vivir en esa casa en el invierno del año pasado sin permiso, pero repitió en varias ocasiones que no tiene medios para conseguir "una vivienda digna" para ella y su bebé de unos pocos meses.
La acusada acudió a la vista oral con su criatura en brazos y explicó que cuando le ofrecieron ocupar ese piso, éste estaba en muy mal estado y con la puerta de entrada a medio cerrar. Su versión fue rechazada por una técnico y el responsable del Patronato Municipal de la Vivienda. Ambos testigos explicaron que la casa formaba parte de un cupo de diez viviendas que se habían rehabilitado en el barrio de Corea para poder albergar a familias con graves problemas.
Los declarantes señalaron que esas viviendas estaban a punto de ser adjudicadas según los protocolos y baremos establecidos en el Patronato, pero no se pudieron ceder porque fueron okupadas.
La técnico explicó que en el piso allanado se había instalado una puerta antiokupas, elemento que ha desaparecido.
El fiscal pidió el desalojo inmediato en caso de condena.
