El alcalde de Manacor, Antoni Pastor, anunció ayer que "en un máximo de entre diez y quince días" empezarán las obras de demolición del puente del Riuet de Porto Cristo, adelantándose así a la fecha marcada en un principio por el propio Ayuntamiento y prevista para el 26 de febrero.

Y es que en la reunión mantenida anteayer en Palma entre Pastor y el presidente de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de les Balears (TSJB), Guillem Fiol, el juez le advirtió de que el Consistorio estaba retrasando de manera innecesaria la sentencia y que no hacía falta, como venía defendiendo el Ayuntamiento, obtener los informes favorables del Consell y el Govern para tirar abajo el puente, puesto que se trata de una orden judicial directamente dirigida al equipo de gobierno de Pastor.

Así las cosas, ayer por la mañana, y tal como adelantó DIARIO de MALLORCA, la concejalía de Urbanismo decidió adjudicar las obras de demolición a la empresa navarra Construcciones y Excavaciones Erri-Berri SL, por algo más de 275.979 euros. A lo que ahora habrá que sumar, además, los 250.000 euros de los trabajos de desvío de los servicios de agua y electricidad que pasan por dentro del puente, y que ayer salieron a licitación en el Boletín Oficial de las Balears (BOIB). De todas formas, el montante total es claramente inferior a los 900.000 euros previstos por el Ayuntamiento hace un mes.

Órdenes personales

Pastor subrayó que "hoy mismo (por ayer) he dado órdenes personales y directas a los técnicos e ingenieros de la casa, que hasta ahora me habían advertido de que esperara a tener todos los informes, para que hagan lo posible a fin de que se cumpla la sentencia en el periodo más corto posible y se fije un nuevo calendario de plazos", pese a que matizó que "ello no quiere decir que renunciemos a continuar con los mecanismos que nos otorga el estado de derecho para defendernos, y aunque sepamos que quedan muy pocas posibilidades del salvar el puente".

El primer edil se quejó amargamente de lo que considera "una falta total de solidaridad" del Consell de Mallorca (que aún no ha incluido el puente en el Plan de Carreteras) y del Govern "que en su tiempo pagaron también la infraestructura y que ahora se desentienden del problema. Me preocupa y me entristece que el señor Antich, que por entonces era también presidente, no haga lo que estoy intentando yo, que no es otra cosa que defender lo que creo que es legal. Exijo que digan algo al respecto".

El delegado de Porto Cristo, Joan Gomila, por su parte, criticó de nuevo que la sala del TSJB no resuelva "de una vez por todas" el incidente que determine si es valida la ley a medida que se aprobó hace unos meses en el Parlament, por la cual el puente del Riuet quedaba dentro de la legalidad al ser un proyecto conveniado a tres bandas precisamente con Consell y Govern. El Tribunal tiene hasta el 7 de febrero para hacerlo.

Recolecta solidaria de AIPC

Gomila, uno de los dos regidores municipales de la Agrupació Independent de Porto Cristo (AIPC) explicó que ya se está preparando una recolecta para ayudar al alcalde a sufragar los 4.000 euros de multa, que debe pagar al TSJB en un plazo máximo de menos de diez días. El conservador agradeció el gesto pero advirtió que "yo mismo voy a responder con mi patrimonio y a ingresar el dinero".