El ayuntamiento de Manacor y los vecinos afectados por la construcción del puente del Riuet de Porto Cristo están cerrando los últimos flecos para firmar un acuerdo económico que salve la obra en el último minuto. Sobre la mesa de las reuniones entre los servicios jurídicos municipales, el alcalde Antoni Pastor y la abogada Maria Francisca Servera, está la retirada de la denuncia judicial presentada en 2003 y que finalmente obliga a tirar la infraestructura. A cambio, el Consistorio ofrece una indemnización o la compra de los dos inmuebles más perjudicados por la construcción del vial.

La firma del pacto liberaría entonces al presidente de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Balears (TSJB), Gabriel Fiol, que debería decidir sobre si la demolición continúa o no adelante, puesto que la sentencia es ya firme y sin posibilidad de recurso. En caso de que el juez no estime el convenio y confirme el derrumbe, lo firmado entre vecinos y Ayuntamiento quedaría sin efecto.

Ayer tarde la letrada de los ocho afectados insistía en que, pese a estar "casi cerrado, el convenio no está aún firmado y proseguimos con las negociaciones con la intención final que el puente no se derribe". Fuentes municipales confirmaron que "en estos momentos se mantiene un pulso con los demandantes para llegar a un entente beneficioso para todos. Es evidente que lo económico y la retirada de la demanda son temas que van unidos".

Pleno extraordinario a la vista

Tan avanzadas están las negociaciones que el consistorio manacorí ya prepara la convocatoria de un pleno extraordinario para las próximas horas con el que dar validez al acuerdo. Asimismo también estudia de forma paralela, las indemnizaciones que deberá pagar a la empresa adjudicataria de la demolición del puente, la navarra Erri-Berri. Teniendo en cuenta que el contrato se cerró este martes en 276.000 euros más iva (325.000) y aplicando el tanto por ciento preceptivo en estos casos por la renuncia municipal, la cifra rondaría los 16.500 euros.

Aunque lo intentó en numerosas ocasiones, este periódico no logró hablar ayer con ninguno de los demandantes, que prefieren guardar silencio ante la inmediatez de los acontecimientos y que temen ahora que la ley aprobada el pasado julio por el Parlament y que acepta la legalidad del puente como carretera, pueda dar un giro final a la decisión judicial, la obra se mantenga en pie y dé al traste con sus pretensiones económicas.

Cabe recordar que el puente elevado del Riuet de Porto Cristo quedó cerrado al tráfico, tanto rodado como peatonal, a pocos minutos de la medianoche del pasado 14 de enero, por orden expresa del TSJB. En teoría, las obras debían empezar el pasado 15 de enero y concluir el 15 de marzo. Pese a que están anunciadas para finales de semana, a día de hoy aún no han comenzado.