El ayuntamiento de Manacor ha aceptado pagar hasta 500.000 euros y la compra de uno de los pisos de la finca Cap des Toi, como indemnización para los afectados por la construcción del puente del Riuet de Porto Cristo en 2003. Como contraprestación, los demandantes retirarán la denuncia judicial que obliga a demoler la obra entre el 15 de enero y el 15 de marzo. De momento, ocho de los nueve vecinos ya han firmado el convenio municipal y tan solo se está pendiente ahora de Mateu Sitges, uno de los dos propietarios más perjudicados, que ha exigido al Consistorio un aval bancario para sellar el acuerdo económico lo que, de momento, ha topado con la negativa de la interventora local.
Está previsto que este fin de semana prosigan las llamadas entre abogados y el lunes se lleven a cabo las negociaciones finales y se pueda remitir el acuerdo al presidente de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Balears (TSJB), Gabriel Fiol, para que este valore el convenio y decida finalmente si el puente puede continuar en pie, o por el contrario se prosigue con la demolición, lo que supondría la invalidez de las indemnizaciones. Sobre la mesa se barajan incluso otras opciones mediante diferentes fórmulas económicas.
Por lo que respecta al medio millón que el Ayuntamiento ha puesto como cantidad tope a desembolsar, en su mayor parte iría a parar a las cuentas del propio Sitges y del portavoz de la plataforma contra la infraestructura, Jaume Vives, los dos vecinos cuyos pisos han sufrido en mayor grado los perjuicios de la polémica construcción. Los siete restantes cobrarían cantidades que varían entre los 16.000 y los 8.000 euros. En cualquier caso, el reparto monetario dependerá de cómo decidan administrarlo los propios demandantes.
Indemnizaciones judiciales
A todas esas cifras habría que sumar las indemnizaciones judiciales dictadas por el TSJB en 2003 por la pérdida de valor de las viviendas. Lo que significa que, se derribe o no el puente, Sitges percibirá 180.000 euros y Vives 170.000 más los intereses de demora hasta el día de hoy. El Consistorio intentará hasta el último instante descontarlo del medio millón planteado como máximo.
De rubricarse el próximo lunes el convenio entre ambas partes, el ayuntamiento de Manacor deberá abonar también en concepto de compensación 16.500 euros a la empresa navarra Erri-Berri, a la que se le adjudicó este martes la demolición por 276.000 euros.
Aunque en un principio el alcalde Antoni Pastor (PP) tenía previsto convocar un pleno extraordinario para ratificar el convenio, los servicios jurídicos de la corporación municipal ya han descartado la posibilidad y han explicado que "basta con tener permanentemente informado al juez del caso para que sepa en todo momento la opinión y voluntad de las partes".
"Me parece bien que se llegue a un acuerdo, pero tal vez sea demasiado tarde", señala el portavoz de PSM-Esquerra-Verds, Sebastià Gaià: "No entiendo que se intente negociar ahora que la sentencia ya es firme, esto demuestra que el Ayuntamiento no se había esforzado por hacerlo hasta ahora". Por su parte la líder de ALM-UM, Catalina Julve, subraya que "si la decisión se ciñe totalmente a la legalidad y es bendecida por todas las partes, estupendo con tal de que el puente quede en pie". Mientras que Amanda Fernández, del PSOE, opina que "más vale tarde que nunca si resuelve el problema, aunque estas negociaciones a última hora, que deben hacerse, tendrían que haberse dado al comienzo del proceso, no cuando ya existen sentencia firme y el tribunal tiene la última palabra".
En la misma línea que los partidos de la oposición, los vecinos de Porto Cristo encuestados por este diario cuestionan que ahora se hagan estas reuniones ´express´, advirtiendo que tendrían que haberse producido al inicio a fin de evitar la actual situación tan drástica de estar a punto de empezar las obras de derribo.
De hecho, residentes de la parte del núcleo costero que debe verse afectada por la interrupción momentánea de los servicios de electricidad y aguas temen graves perjuicios y las molestias de ruido y suciedad.
La inmensa mayoría de ciudadanos, eso sí, están a favor del mantenimiento de la estructura.
