El controvertido puente elevado sobre el Riuet de Porto Cristo, cerrado al tránsito desde el pasado 14 de enero, dificultará en gran medida las conexiones. El derribo ordenado por la Justicia sigue vigente y el concejal de Urbanismo del ayuntamiento de Manacor, Bernat Amer (de la Agrupació Independent de Porto Cristo, socio del PP), advirtió en el pleno de ayer que, de no permitirse de nuevo la circulación en la infraestructura que costó 1,1 millones de euros, las obras de desvío de los servicios de aguas comportarán tener que levantar el asfalto del área del viejo y pequeño puente para habilitar el alcantarillado. En consecuencia, "se mantendrán incomunicadas las dos partes varios días", perjudicando además del acceso a la zona de las cuevas del Drach a urbanizaciones próximas como Cala Anguila y Cala Mendia.
Amer, designado por cierto nuevo responsable de la ejecución de la sentencia en sustitución de Pastor, no quiere asumir multas por incumplir los plazos marcados por el Tribunal Superior de Justicia de Balears y avisó al pleno de que si no hay cambios, el tránsito de vehículos que pretenda dirigirse a la parte de las cuevas del Drach deberá usar otras vías de Manacor.
Una vez más, el alcalde, Toni Pastor (PP), sostuvo que respeta "las decisiones judiciales, a las instituciones y a las personas", y que él en ningún momento ha mostrado "pasividad o falta de voluntad" a la hora de cumplir los fallos. Defendió que el Ayuntamiento ha actuado desde el primer día "conforme a Ley, ajustándose a derecho", y no divulgó ninguna de las cantidades económicas que tratan las actuales reuniones entre los abogados del Ayuntamiento y la Plataforma d´afectats. De hecho, reconoció que de alcanzar un pacto "no se garantiza que se salve el puente, puesto que la última palabra será del juez". Ante las críticas de muchos ciudadanos porque estos encuentros con los afectados llegan tarde, Pastor opinó lo contrario: "No podían ser antes de la sentencia firme ya que el Ayuntamiento siempre ha mantenido que el puente es legal". Estas negociaciones están ahora estancadas a raíz de los reparos de la interventora a la compra del piso más perjudicado (de Jaume Vives). Al parecer, la interventora, que ha firmado un informe, indicaría que no se puede comprar a dedo, se debería convocar un concurso.
Pastor definió la situación actual de "muy complicada, difícil", e hizo un repaso cronológico del caso y concluyó que la sentencia firme que ordena la demolición no se sustenta en las indemnizaciones a los afectados sino que anula los decretos de aprobación del proyecto del puente, en diciembre de 2001, y de adjudicación de las obras, en febrero de 2002.
Asimismo, recordó que el convenio firmado en 1999 entre el Ayuntamiento, Consell y Govern fue ´tutelado´ por los secretarios de la Corporación municipal y de la institución insular. Admitió que el puente previsto en el plan parcial de 1968 tenía otro tamaño que el finalmente construido, si bien en 1999 hubo la pertinente modificación de normas para adaptarlo a las necesidades reales. Al respecto, el edil Amer reprochó que el Ayuntamiento de los años setenta permitiera la edificación de la finca Cap des Toi así como llegó a quedar, pues "donde están ahora las ventanas afectadas debería hoy haber puertas". Volviendo a Pastor, cuestionó el informe del perito Jaume Carbonero, actual conseller socialista de Obras Públicas del Govern, desmintiéndole, amparándose con documentos, que se aprobase el cambio de normas urbanísticas con posterioridad a que se diera luz verde al proyecto, así como que no existiera el beneplácito de la evaluación de impacto ambiental de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears. En cuanto a que el puente aún no figure en el Plan de Carreteras, Pastor apuntó que el Consell llegó a poner un cartel vinculante a Carreteras. A su vez, el consistorio ´manacorí´ pidió un informe a Avel·lí Blasco, catedrático de Derecho Administrativo, quien en 2009 concluyó que el Ayuntamiento "había obrado bien, siguiendo el procedimiento legal, pero sin que eso eximiera de indemnizar a los vecinos afectados".
Más adelante, el Consistorio recurrió al Constitucional y después elevó un incidente de imposibilidad legal de ejecutar la sentencia fundamentándose en la ley aprobada por PP y UM en el Parlament el pasado verano. La fase de pruebas de dicho incidente expiraba ayer, por lo que en breve podría haber nuevo pronunciamiento del presidente de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJB, Gabriel Fiol, o del juez-ponente del caso, Pablo Delfont.
Respecto a la ley aprobada por el Parlament, Pastor reiteró que es retroactiva (desde 1998) y ´general´, regulando distintas rotondas, rondas, travesías y carreteras impulsadas en la isla con convenios entre instituciones, señalando que no sería preciso que estuvieran grafiadas en el Plan de Carreteras.
