­En los albores del año 1986, se encendían las luces de alarma en el sector agrícola pobler. La noticia, adelantada por este diario el 8 de enero del mencionado año, apuntaba a la derogación de la ley, por parte del Gobierno Central (PSOE), que prohibía la entrada en las islas de patata peninsular.

Tal circunstancia, acababa con la dura y prolongada defensa de los productores y comercializadores poblers por mantener las barreras que protegían al tubérculo del temido escarabajo, una plaga que azotaba a la patata de distintas zonas peninsulares y de otros países, y que en las islas se había considerado erradicada desde el año 1962, prohibiéndose a partir de entonces la entrada de patata foránea. Con el paso del tiempo, dicha prohibición sería motivo de continuas polémicas al ser detectadas importaciones clandestinas y por registrarse importantes subidas de precios que afectaban duramente al consumidor del mercado interior.

Pasados 25 años desde que se tomó la decisión, y desde la perspectiva que otorga la lejanía temporal, diferentes agentes sociales como el presidente de la Mesa Agraria de sa Pobla, Joan Mateu, opinan que la derogación fue totalmente desafortunada. "Hemos de reconocer que Balears, y cuando digo Balears hablo de los responsables políticos y técnicos de Agricultura de aquellos años, no supo conseguir lo que siempre ha tenido Canarias. Un hecho diferencial y un territorio protegido al margen del territorio nacional. Fue una tremenda injusticia".

Mateu insiste en que "los payeses no pretendían la exclusividad; era una postura de autodefensa porque las islas siempre son mucho más vulnerables que los territorios continentales, desde el punto de vista económico y sanitario".

Unión europea

La derogación de la ley, que no afectó a las islas Canarias, fue consecuencia directa del ingreso de España en la Comunidad Económica Europea y la consiguiente supresión de barreras aduaneras establecida en el Tratado de Roma.

La medida adoptada por la Administración Central fue tomada con resignación por parte de los productores poblers , a la vez que se manifestaban muestras de escepticismo desde la extinta Cooperativa Agrícola Poblense (CAP) con respecto a que el levantamiento de las barreras sanitarias redundaría en la bajada del precio del producto, ya que suponían que éste se vería agravado por los gastos de transporte.

Por su parte el responsable de la conselleria de Agricultura, Joan Simarro, opinaba que la nueva ley no ocasionaría grandes perjuicios a los productores mallorquines, al tiempo que reconocía que el Govern tendría que efectuar rigurosos controles sanitarios.