Ingresar más y gastar menos. Ésta es la fórmula que pretende aplicar el ayuntamiento de Santa Margalida para contener un déficit municipal que supera los 2,2 millones de euros y que, con un porcentaje del 15,2 por ciento, triplica el límite legal para las entidades locales, fijado en un 5,5%. Para lograr el objetivo, el pleno municipal aprobó el lunes un plan económico-financiero "obligado", según el teniente de alcalde Antoni Reus, que incluye el incremento de diversas tasas e impuestos y una reducción del gasto público con el fin de alcanzar la estabilidad presupuestaria en el año 2013. La medida fue aprobada con los votos del pacto integrado por Suma pel Canvi y Convergència y la abstención de los grupos PP y CPU.

En el apartado de ingresos, el plan incorpora una subida de la tasa de basuras a partir de la cual las viviendas pasarán de pagar 90 a 102 euros y los hoteles de 45 a 58 por plaza y año. Además, las viviendas en suelo rústico, exentas de pago hasta la fecha, deberán abonar la tasa a partir de ahora al mismo nivel que los inmuebles urbanos. Reus explicó que esta tasa es la más deficitaria para el Ayuntamiento, ya que arrastra 400.000 euros de números rojos por el desfase existente entre el coste que supone la recogida y eliminación de basuras y el ingreso que genera la ordenanza. En este sentido, el alcalde Miquel Cifre se comprometió a reducir la tasa si el Consell hace lo propio con la eliminación de residuos. "Pero la subiremos si el Consell también lo hace", avisó.

El impuesto de construcciones, instalaciones y obras pasará del 2,5 al 3 por ciento, con bonificaciones del 50% para los edificios catalogados, y el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica se incrementa del 1,2 al 1,4 por ciento, con rebajas para los vehículos eléctricos o híbridos. La escuela de Música y la escuela de Adultos son otros servicios que sufren ligeras subidas, al igual que la tasa de alcantarillado, que pasará de seis a ocho euros para las viviendas. Además, partir de ahora el Ayuntamiento cobrará por la expedición de documentos y por las licencias, y aplicará el coste del servicio al infractor cuyo vehículo haya sido retirado por la grúa.

En relación al gasto público, el pacto espera ahorrar unos 150.000 euros por la reducción de cargos políticos, horas extra y cargos de confianza, entre otras medidas de contención que arrojarán un remanente de 400.000 euros. Además, el Consistorio pretende "reactivar" las medidas de inspección de infracciones urbanísticas, "desaparecidas" en la pasada legislatura, según Reus.

El alcalde explicó que el actual equipo de gobierno "ha asumido la gestión nefasta" de PP y CPU y acusó al exalcalde Martí Torres (PP) de "ser el primero de la democracia que ha llevado al Ayuntamiento al15% de déficit".

Por su parte, el portavoz popular aseguró que "esperaba otra cosa" del actual equipo por la subida de tasas e impuestos, unas medidas que "rechazaban desde la oposición". Torres calculó que el Ayuntamiento recaudará unos 2,1 millones de euros en cuatro años. "Si nosotros (PP-CPU) hubiésemos aplicado estas subidas ahora habría un remanente de esta cantidad, pero no lo hicimos", destacó. El exalcalde recriminó al pacto "su promesa de arreglar la situación económica del Ayuntamiento eliminando cargos de confianza, pero no ha sido así".

Tanto el PP como CPU votaron en contra de cada una de las modificaciones de ordenanzas que implican una subida de tasas.