"Los sinvergüenzas que manipulan el urbanismo no se paran nunca"

—¿Cuál es su balance del primer año de legislatura?

—Ha sido positivo porque hemos asumido retos como más democracia y más participación ciudadana, que prácticamente era inexistente. Celebramos los plenos por la noche, con gran afluencia de público, que además puede hablar. Otros temas que estaban enquistados están en vías de solución, como la piscina, la revisión de las Normas Subsidiarias o el plan de ajuste, avanzado a las políticas impuestas, para reducir el déficit que sobrepasó el 15 por ciento.

—¿Se han visto obligados a aplicar muchos recortes?

—Recortamos gastos supérfluos. Sólo en fiestas, en las cuatro últimas legislaturas, se gastaban entre 600.000 y 900.000 euros. También hacemos pagar a quien toca. En la ‘foravila’, todo el mundo tiene que pagar la tasa de residuos y se cobrarán 700 recibos que supondrán 70.000 euros. Hemos recortado más de 30 millones de pesetas en sueldos políticos y de personal de confianza, aunque también es cierto que hemos subido la tasa de basuras para cubrir el coste de recogida y eliminación. En Servicios Sociales, Educación y Cultura no hemos recortado ni un euro, sin saber si recibiremos ayudas. También hemos cumplido el compromiso de poner en valor el patrimonio, y sin recibir ni un puñetero euro de Govern y Consell. Y en la defensa de nuestra lengua hemos demostrado un compromiso claro, siendo uno de los municipios que ha llevado la iniciativa.

—¿Se ha topado ya con los carroñeros que revolotean la Vila contra los que alertó en su discurso de investidura?

—Están escondidos, pero le manifesté al presidente Bauzá mi preocupación sobre este hecho y conseguí el compromiso de palabra de que no habrá modificaciones urbanísticas si el Ayuntamiento no las solicita. Pero los ‘barruts’ y sinvergüenzas que siempre han manipulado el urbanismo no se paran nunca. Son enfermos a quienes les gusta hacer negocios sobre la espalda de los demás.

—¿Es que ha tenido ya alguna propuesta sobre la mesa?

—No hace mucho me llamaron para preguntar por la posibilidad de hacer un parque temático en Santa Margalida. Mi respuesta fue: No lo haréis, mientras Suma pel Canvi esté en el gobierno.

—¿Dónde estaba proyectado?

—En la salida del pueblo hay una finca que se llama sa Torre, de 160 cuarteradas. Les dije que no importa que vengan a verme. Ni hablar del tema. El capital especulativo siempre busca, y aquí tenemos muy claro que las normas no tendrán nuevo crecimiento.

—¿Qué tipo de parque se proponía y quién estaba detrás?

—Ya ni lo pregunté. Sólo les dije que no lo harían. Es especulación pura y dura.

—El urbanismo siempre ha sido un tema sensible en la Vila. ¿Aplicarán algún cambio radical sobre la normativa?

—Ya no queda terreno urbanizable ni se creará. Una de mis preocupaciones es el tema de la densidad. En un solar de 200 metros no pueden hacerse seis viviendas, es una aberración. El techo poblacional se reducirá. Tampoco se permitirán según qué industrias en los polígonos de la Vila y Can Picafort. Las normas actuales permiten industrias químicas.

—¿Se aprobará finalmente la adaptación al Plan Territorial?

—Nuestra ilusión sería que en un año pudiésemos aprobar inicialmente las normas, que han sido devueltas por el Consell a petición nuestra. Será un proceso muy participativo, con actos públicos para explicar claramente todas las modificaciones. No quiero que ningún partido se sorprenda de cambios en las normas como me sucedió a mi, que me enteré por un especulador de que habían colado 2.000 metros como urbanizables.

—Le queda un solo año en la alcaldía.

—Es público y notorio que yo debía ser alcalde dos años y Antoni Reus dos años más. El relevo se producirá en marzo de 2013.

—¿Se lleva bien con Joan Monjo, su socio de Convergència?

—Son relaciones absolutamente correctas. Ha habido divergencias de opinión, pero en los temas básicos no ha habido problemas. En este equipo de gobierno no hay reinos de Taifas como pasaba antes, con CPU controlando exclusivamente Can Picafort. Cada cierto tiempo nos reunimos para poner las cosas en común.

—Desde fuera, existe la sensación de que Can Picafort es un terreno de Convergència...

—Joan Monjo es el delegado de Can Picafort y gestiona la brigada de obras, pero en temas de Fiestas los regidores de Suma pel Canvi también trabajan en Can Picafort, por poner un ejemplo. Lo que pasa es que Monjo es una persona activa que tiene muchas iniciativas, como el Pica Tapa, y nosotros no nos ponemos celosos.

—Son uno de los pocos reductos de centro izquierda de la isla. ¿Se sienten marginados?

—En absoluto. Hay gente que me dice que no llegará dinero si criticamos al Govern, pero con esa filosofía lo que deberíamos hacer es irnos y decirle a (Martí) Torres (exalcalde del PP) que vuelva a gobernar para que nos llenen de dinero. Es ridículo. Las aportaciones del Estado, el Govern y el Consell están reguladas. En el pasado mandato Zapatero envió 500 millones de pesetas. Lo que sí me preocupan son las políticas que afectan a mi municipio.

—¿Por ejemplo?

—Los brutales recortes en sanidad. Son criminales. También me preocupa que creen problemas inexistentes como el de la lengua. Son políticas que enfrentan a la gente, inhumanas. En temas de educación, teníamos previsto ampliar la escoleta 0-3 años a partir de una línea de ayudas del Govern y después nos dicen que no se hará nada. Todos los proyectos que estaban en marcha del Soib con los ayuntamientos se han terminado, y de las políticas de pleno empleo que prometía el PP, no hay noticias. Se condena a una parte de la sociedad a la marginación, con consecuencias psíquicas brutales. Es inhumano y quiero denunciarlo. Se habla de actos criminales en referencia a gente que se manifiesta, ¿pero no podemos definir como criminales también las políticas que van en contra de los derechos más elementales?.

—¿Viene a visitarlo mucha gente en busca de empleo?

—Muchísima. Siento una gran impotencia, porque necesitan el trabajo. En servicios sociales tenemos a 600 personas que van a buscar alimentos. Si vemos a un ciudadanos necesitado, procuramos ayudarle. Si vivimos en una sociedad cristiana y católica, ¿cómo es posible negar la sanidad a un inmigrante porque le falta un papel?. La condición humana ha bajado a un nivel de degradación absoluta.

—¿Se siente identificado con el movimiento de los indignados?

—Por supuesto. Desde hace tiempo creo que la democracia debía aportar derechos civiles a las personas y ahora se los cargan. En este sentido, me siento indignado.