Los propietarios de la estructura de hierro de la calle de la Poetessa Francesca Alcover de Sóller afirman que están pendientes de que el ayuntamiento les dé la licencia de obra para demoler la estructura de hierro que fue declarada ilegal por una sentencia judicial. Juan Crespí y María Campaner, ambos vecinos de Sóller, contradicen la versión del regidor de Urbanismo, Gabriel Darder (PP) y aseguran que nunca se han negado a cumplir con el fallo judicial y que tampoco han eludido los trámites para ello.

Crespí explica que a finales de marzo de este año presentaron al consistorio un proyecto de obra mayor para demoler la estructura de hierro. Este plan, según reconoce el dueño del edificio, era parcial, pero "suficiente para comenzar a derribar". De esa forma, luego podrían presentar el proyecto definitivo que incluyera la reconstrucción de los edificios anexos, tal y como prevé la sentencia, y a eso se comprometieron ante el ayuntamiento.

Además de entregar el proyecto de obra, Crespí asevera que solicitó la licencia de obra en marzo, por la cual ya pagó por anticipado al Ayuntamiento de Sóller unos 2.700 euros. "Aún estamos pendientes de los permisos y llevamos tres meses esperándolos. No entiendo por qué critican el retraso, cuando estamos aguardando que nos respondan y nos den la licencia", agrega el propietario de la estructura metálica, quien dice que él y su esposa ya han acudido "72 veces a las oficinas" municipales por este asunto. La última ocasión fue a principios de mayo para presentar un escrito dirigido al alcalde, Carlos Simarro, en el que solicitaron una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Sóller que permitiría legalizar su obra y así no tener que derribarla.

La polémica por la estructura de hierro se remonta a los años 90, cuando el ayuntamiento dio licencia de obras para construir un concesionario de automóviles en la zona del Monument. Al poco tiempo de iniciarse los trabajos, fueron paralizados tras la denuncia de un vecino. Los tribunales decidieron anular la licencia e indemnizar a los propietarios con 365.000 euros. Además de recibir esa compensación, el consistorio tuvo que pagar 500.000 euros –y otros 100.000 por intereses de demora– para financiar la demolición de la estructura de hierro, la restitución del terreno a su estado original y la reconstrucción de un edificio anexo que fue derribado durante las obras.

Los trabajos de demolición aún no han comenzado. El martes de la semana pasada el pleno del Ayuntamiento de Sóller aprobó instar a los dueños de la estructura de hierro a que cumplan de forma íntegra la sentencia judicial. Tras el pleno, el regidor Darder manifestó a este periódico que el proyecto de derribo presentado es "una burla a los sollerics".

Los dueños, Crespí y Campaner, lamentan que desde el consistorio se esté "intentando crear un estado de opinión" en su contra a través de la prensa y afirman que "de continuar las inexactas, tendenciosas y duras calificaciones", se verán "en la obligación de adoptar las medidas legales pertinentes". "Solo queremos acabar con esta situación lo más rápido posible y no queremos esconder nada del dinero", zanja Crespí.