El PP de Valldemossa continúa investigando las presuntas irregularidades sobre la adjudicación de la escoleta municipal. Hace unos días denunciaron públicamente que el contrato se había prolongado durante dos años más de lo previsto y que el consistorio estaba abonando gastos que tendría que asumir la adjudicataria. Ahora el grupo popular, el único de la oposición en Valldemossa acusa al equipo de gobierno (GIV, LVqV y CxI) de impedirles ver más facturas. "Presumen de transparencia, pero a la primera que alertamos de las irregularidades, nos han negado el acceso al expediente de la adjudicación", manifestó el edil Bartomeu Torres (PP).

Según su versión, en un principio el regidor de Educación, Antoni Colom (LVqV), les intentó restringir el acceso, limitando las facturas que podían ver a un máximo de cinco al día. Luego, explican desde el PP, se les negó por completo el expediente "porque estaba en auditoría interna".

La versión del concejal Colom difiere de la del PP. El miembro del gobierno afirma que él tampoco ha tenido acceso al expediente durante los últimos diez días, porque "los servicios técnicos de la casa estaban trabajando con el documento". Además, explica que alcanzó un pacto con la portavoz del PP, Nowi Estaràs, para que la secretaria-interventora y los contables se encargaran de revisar todas las facturas. Colom reconoce que "se habían colado facturas que no tenía que pagar el ayuntamiento, pero la concesionaria ha pedido disculpas y en ningún momento ha tenido ánimo de malversación".

Además, afirma que el equipo de gobierno ha citado al PP para el lunes a mediodía, seis horas antes del pleno, para dar cuenta del resultado de la auditoría y de la regularización pactada con la concesionaria de la escoleta. En el pleno del lunes, Colom comparecerá para dar explicaciones públicas al respecto.

Por otra parte, la agrupación local del PP quiso apostillar las acusaciones del equipo de gobierno sobre las obras realizadas en la Fundació Coll Bardolet. Según explican los populares, al constructor todavía no se le ha pagado todo el dinero, ya que faltan por pagar los intereses y las costas judiciales, una cantidad que estiman que ascenderá a unos 17.000 euros.

Además, resaltan que por aquel entonces, el alcalde Nadal Torres formaba parte del equipo de gobierno junto al PP, por lo que no entienden que solo les acusen a ellos y no impliquen al edil del Grup Independent de Valldemossa.