­El colectivo Albaïna ha ampliado la denuncia que presentó cuando descubrió la cámara espía en el aparcamiento dels Estiradors. La ha hecho extensiva contra el alcalde de Sóller, Carlos Simarro (PP), que la semana pasada admitió que el aparato había sido colocado por orden de él en el marco de una operación "reservada y secreta"

El portavoz de la entidad denunciante, Marc Carriquí, precisó que la ampliación de la denuncia se llevó a cabo hace unos días ante el puesto de la Guardia Civil, "porque el alcalde reconoció públicamente que la cámara era cosa suya". La ampliación de la denuncia se basa en una rueda de prensa que ofreció el propio Simarro en la que aseguraba que él dio las órdenes de instalar la cámara oculta en una caja de conexiones. A sus declaraciones se le sumó un comunicado emitido por el mismo alcalde.

Simarro alegó que la instalación del equipo de vigilancia tenía por objetivo identificar a la persona que en los meses pasado causó estragos en las máquinas expendedoras de tiques de la ORA de Sóller. Pero esta vigilancia se truncó cuando la videocámara fue descubierta por Albaïna, que la desmontó y la entregó a la Guardia Civil junto con una denuncia. El alcalde negó en un principio que la colocación del equipo partiera de una orden surgida en el seno del Ayuntamiento de Sóller, palabras de las que posteriormente se retractó.

Dimisión

El colectivo Albaïna también emitió un comunicado en el que criticó severamente al alcalde por haber dado la orden de colocar la cámara de videovigilancia. La entidad duda de la legalidad de la operación de vigilancia y por eso insta a Carlos Simarro a que asuma "responsabilidades políticas" por el caso

Carriquí añadió que "si es necesario, el alcalde tiene que dimitir". En su nota, Albaïna denuncia como el alcalde intenta difamar a su colectivo atribuyéndoles ser los "inductores" intelectuales de los atentados contra las máquinas de la ORA.

Por su parte, la oposición ha iniciado otra ofensiva. Tras una reunión en la que participaron regidores del PSOE, Entesa y Progressistes, los tres partidos han acordado presentar una solicitud escrita dirigida al alcalde para que explique el porqué de la colocación de la cámara oculta, y que aporte la documentación que acredite que su instalación es legal.

El escrito será presentado ante el registro del ayuntamiento el próximo lunes, junto con una instancia firmada por todos los concejales de la oposición que solicitará la celebración de un pleno extraordinario y monográfico para tratar este tema.

El portavoz del PSOE, Josep Lluís Colom, afirmó que la oposición "se ha visto obligada" a solicitar el pleno y la información "ante la negativa del PP a tratar este tema en la última sesión ordinario de la corporación".