El jefe de la Policía Local de Sóller, Josep Porcel, declarará este lunes ante la Guardia Civil para dar su versión sobre la instalación de la cámara de videovigilancia en el aparcamiento municipal dels Estiradors. La declaración se enmarca en la denuncia que el colectivo Albaïna formuló en el cuartel de la Benemérita tras descubrir el dispositivo.
Así lo confesó ayer el concejal de Gobernación de Sóller, Gabriel Darder (PP), quien manifestó su "absoluta tranquilidad" ante la declaración del jefe de la policía sobre la colocación de la cámara. Darder aseveró que próximamente podrían ser citados ante la Guardia Civil tanto él como el alcalde de Sóller, Carlos Simarro, para aportar su versión sobre los hechos.
Darder afirmó que están "muy tranquilos" y reiteró que "la colocación de la cámara fue totalmente legal". Recordó que disponen "de varios informes que así lo aseguran", por lo que "no habrá ningún problema para declarar y aportar los documentos que sean necesarios".
Los informes a los que se refirió el edil popular son los que elaboró la propia Policía Local y los servicios jurídicos municipales. El concejal de Gobernación también sacó a colación la autorización que otorgó la Delegación del Gobierno al ayuntamiento para instalar cámaras de videovigilancia. No obstante, este permiso fue tramitado ex profeso cuando el ayuntamiento instaló cámaras en el edificio consistorial, en la plaza de la Constitució, en la calle de sa Lluna y en la plaza de sa Calatrava.
Darder insistió en señalar que no hicieron "nada mal hecho" y que así lo argumentarán ante la Guardia Civil. Para el edil la instalación de la cámara -oculta en una caja de conexiones eléctricas- no infringió la normativa legal porque "estaba colocada en un recinto municipal". Según la interpretación que el popular hace de la ley, no necesitaban "ningún permiso especial". Su colocación, sin embargo, originó una gran controversia política y social. El colectivo Albaïna decidió entregar la cámara a las autoridades y denunciar el caso ante la Guardia Civil y la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
Protección de Datos
Por otro lado, el edil de Gobernación señaló que el ayuntamiento aún no ha recibido requerimiento alguno de la AEPD en relación al caso de la cámara espía.
La AEPD remitió esta semana un escrito a Albaïna informándole de la apertura de una investigación. El organismo estatal también contactará en breve con el consistorio para conocer su versión de los hechos.
El concejal Gabriel Darder se mostró tranquilo, porque, tal y como explicó ayer este diario, no habría multas económicas contras los responsables del equipo de gobierno. "En caso de que el ayuntamiento fuera sancionado, el castigo no iría más allá de una reprimenda", dijo Darder.
