El pago de las nóminas de los funcionarios municipales vulnera la legalidad vigente en tanto que incumple el plan económico financiero que aprobó el propio ayuntamiento y otras disposiciones que prohíben el pago de complementos de productividad a los trabajadores públicos.
Así lo recoge un documento de "reparo de legalidad" que ha suscrito el interventor municipal hacia el pago de los salarios del ayuntamiento del mes de febrero, lo que ha obligado al alcalde de Sóller, Carlos Simarro (PP), a expedir un decreto con el que ordena el pago de las nóminas para garantizar el "buen funcionamiento" de los servicios públicos esenciales.
A través de su revelador y contundente informe, el interventor detalla como el ayuntamiento paga a determinados trabajadores pluses de productividad (y otros complementos) de "forma permanente y periódica" contraviniendo diversas normas que lo prohíben y que, en todo caso, deberían ser temporales.
También señala como el ayuntamiento abona complementos "sin justificar, de forma arbitraria y discrecional", a lo que añade que "no se ajustan a la congelación salarial" a la que está obligada la administración pública.
El interventor también dice que los complementos de destino, específico o de productividad que se pagan a determinados trabajadores se dan aunque "no figuran los expedientes para concederlos" y que, en todo caso, estos pluses se han convertido en permanentes cuando, según su criterio, "deberían ser temporales por el especial rendimiento, interés y dedicación del funcionario".
Es más, también apunta que el pago de estos emolumentos está fuera de fiscalización por lo que, a juicio del interventor, existe "vicio de nulidad" en el pago de las nóminas.
Notificaciones y otros ejemplos
El informe del interventor municipal pone a su vez de manifiesto varios ejemplos del pago de complementos que vulneran las normas. Dice que hay funcionarios que cobran horas extra para hacer el reparto de notificaciones "cuando el ayuntamiento tiene personal para hacerlo en horario laboral".
También denuncia como hay funcionarios que están de baja por enfermedad y resulta que perciben el 100% de su salario.
Asimismo reprocha como el ayuntamiento abona determinadas ayudas sociales a los trabajadores públicos mediante un seguro privado "cuando estas prestaciones ya están incluidas en el régimen general de la Seguridad Social".
A partir de esta argumentación, el interventor ha emitido un informe desfavorable al pago de las nóminas por entender que el ayuntamiento incumple las obligaciones legales y trámites procedimentales en su abono. Todo ello está generando inquietud entre los trabajadores.
