Una sentencia dictada por la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Balears anula la concesión del servicio municipal de aguas de Sóller que en el año 2005 el consistorio adjudicó a Aqualia. El municipio deberá adjudicar de nuevo el proceso, según revelaron ayer los partidos que están en la oposición municipal.
La sentencia definitiva fue dictada el 15 de mayo pasado, aunque los partidos de la oposición no tuvieron conocimiento de ella hasta ayer mismo, por lo que denunciaron que el equipo de gobierno del PP "ha mantenido en secreto algo que es un escándalo".
El fallo del TSJB estima parcialmente una sentencia anterior dictada en primera instancia. El pleito fue promovido en el año 2005 por el PSOE y la empresa Sorea, empresa que se presentó al concurso aunque finalmente la adjudicación fue para Aqualia.
En su resolución, el magistrado presidente del TSJB, Gabriel Fiol, obliga el ayuntamiento de Sóller a valorar nuevamente todas las ofertas que se presentaron al concurso y que los técnicos municipales emitan un informe dando una puntuación a cada una de las plicas.
En consecuencia, la adjudicación a Aqualia queda en suspenso hasta que los técnicos municipales determinen a qué empresa debe adjudicarse un servicio que, en la práctica, está privatizado desde hace ocho años. La resolución sostiene que el Consistorio no cumplió ni con las formas ni con el procedimiento establecido a la hora de realizar la adjudicación del servicio de aguas.
Sin informes
Los tres partidos que están en la oposición del ayuntamiento de Sóller (los mismos que había en 2005 en tanto que entonces el gobierno estaba en manos del PP) recordaron ayer que el proceso de adjudicación "estuvo plagado de irregularidades".
Catalina Esteva (Progressistes) detalló cómo el concurso se decantó por Aqualia "sin informe del ingeniero municipal, sin el del interventor y sin una comisión informativa previa". De hecho el veredicto en primera instancia ratificado por el TSJB sostiene que el Ayuntamiento no siguió "criterios objetivos" para dar el servicio a Aqualia y que las puntuaciones que se dieron a las cuatro empresas que se presentaron al concurso "no fueron objetivas, sino discrecionales". Ante el contenido de la sentencia ahora firme, PSOE, Entesa y Progressistes expresaron su "gran preocupación" por lo que pueda devenir con la valoración que realicen los técnicos de las ofertas "puesto que si resultara que finalmente no fuese Aqualia la mejor oferta, eso implicaría el pago de indemnizaciones millonarias".
En clave política, Miquel Gual afirmó que "todas las privatizaciones hechas por el PP han terminado mal".
Por su parte, el socialista Josep Lluís Colom sostuvo que "esta sentencia puede significar la puntilla a la economía del Ayuntamiento en caso de que se confirme el pago de indemnizaciones". Catalina Esteva denunció el "secretismo del PP casi vergonzoso".
