El alcalde de Sóller, Carlos Simarro, afirmó ayer que la contratación del servicio municipal de aguas a Aqualia "fue correcta", pese a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) que invalida la contratación y obliga a los técnicos municipales a realizar una valoración de las ofertas y hacer de nuevo la contratación.
El alcalde dijo que "nunca hemos hecho nada a escondidas pese a lo que diga la oposición" en tanto que "desde que salió la sentencia los técnicos municipales ya están trabajando en el tema".
Según reveló Simarro, el ingeniero municipal se ha estudiado las cuatro ofertas que se presentaron al concurso realizado en el año 2005 "y actualmente están en fase de valoración".
Después de finalizar este proceso, el alcalde aseguró que "se adjudicará el servicio según dicta la sentencia".
Un tema "técnico"
Esta "convencido" de que se actuó "correctamente en aquel momento pese a lo que diga la sentencia" y aseguró que "se trata de un tema puramente técnico que se va a resolver". En el año 2005 Sóller recurrió a los servicios de Fornell Consultors para elaborar el pliego de condiciones. Posteriormente fueron los mismos consultores quienes elaboraron la propuesta de adjudicación, que fue avalada con un informe de los técnicos municipales.
La sentencia obliga a los propios técnicos del Ayuntamiento a realizar el estudio que hace ocho años realizó Fornell, "y una vez hecha la valoración, se tomará la decisión que corresponda", agregó Simarro. En cuanto a las denuncias de "secretismo" vertidas ayer por la oposición, el alcalde dijo que "nosotros no actuamos con secretismo y, si hay algo equivocado, rectificaremos".
Los partidos de la oposición llegaron a afirmar en una rueda de prensa celebrada anteayer que "ojalá la valoración sea favorable para Aqualia, ya que, de lo contrario, no queremos imaginar los millones de euros que podría costar al ayuntamiento", según palabras de Catalina Esteva.
Claves de la sentencia
El fallo del TSJB estima parcialmente una sentencia anterior dictada en primera instancia. El pleito fue promovido en el año 2005 por el PSOE y la empresa Sorea, compañía que se presentó al concurso, aunque finalmente la adjudicación fue para Aqualia.
En su resolución, el magistrado presidente del TSJB, Gabriel Fiol, obliga el ayuntamiento de Sóller a valorar nuevamente todas las ofertas que se presentaron al concurso y que los técnicos municipales emitan un informe dando una puntuación a cada una de las plicas.
