La urbanización de Muleta II, situada en el Port de Sóller, puede tardar años en ser edificada tras el pacto suscrito por su propietario, Mathias Kühn, y el Govern mediante el cual el promotor renuncia a las acciones legales por su desclasificación con las que pedía cien millones de euros a la administración balear. A cambio, los terrenos vuelven a ser urbanos.
Así lo han asegurado los técnicos municipales del ayuntamiento de Sóller, que estiman que los cambios normativos que acarrea el acuerdo que fue avalado por el Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJB) pueden "tardar años" en surtir sus efectos prácticos.
El ayuntamiento de Sóller está a la espera de recibir la notificación del acuerdo que fue tomado en julio pasado.
Una vez lo tenga, el municipio deberá iniciar los trámites de una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con el objetivo de transformar en urbanos unos terrenos que actualmente tienen la consideración de rústicos.
La modificación requerirá aprobarla inicialmente y someterla a período de alegaciones.
Después de resolverlas, el cambio deberá someterse a aprobación provisional y finalmente deberá ser el Consell de Mallorca el organismo que dé el visto bueno a la recalificación de los 46.000 metros que tiene la urbanización.
Según los técnicos, tras la aprobación del cambio en el planeamiento urbanístico, el ayuntamiento deberá tramitar una "unidad de ejecución urbanística" de Muleta II y sus promotores deberán presentar un plan de dotación de servicios.
Sin licencia
Este plan "deberá prever los terrenos que se destinan a uso público y las zonas verdes", aseguraron los técnicos municipales consultados, que además señalaron que "mientras duren todos estos trámites, el ayuntamiento de Sóller no podrá tramitar ninguna licencia para la edificación de viviendas en la zona de Muleta".
Historia de Muleta
La urbanización de Muleta nació en 1962 y, aunque dispone de calles, sus infraestructuras están totalmente dañadas u obsoletas por el paso de los años y el vandalismo.
En sus terrenos pueden edificarse hasta un total de 33 viviendas, que estarán paralizadas hasta que no se cursen todos los trámites urbanísticos para su recalificación.
