El ayuntamiento de Sóller ha remitido un oficio al Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) en el que le informa que la reclasificada urbanización Muleta II "no tiene los servicios básicos" y da a entender que no cumple con los requisitos para que los terrenos vuelvan a ser urbanos.
El escrito elaborado por los servicios técnicos ha sido enviado además, al Consell de Mallorca, al Govern balear y a la empresa Birdie Son Vida, propietaria de la urbanización. El documento se ha realizado en contestación al auto dictado por el TSJB por el que Muleta II (Port de Sóller) vuelve a ser urbano.
El concejal de Urbanismo local, Gabriel Darder, advirtió ayer que "en la urbanización está claro que faltan servicios tan básicos como la dotación eléctrica, el alcantarillado o la red de agua potable" por lo que el edil entiende que "tenemos dudas más que razonables de que aquello sea realmente suelo urbano". Según explicó el regidor, el escrito remitido por los servicios jurídicos ha sido elaborado a partir de los informes que han elaborado los servicios técnicos municipales, partiendo a su vez del auto judicial.
"Con esta carta, desde Sóller queremos hacer constar que la urbanización no cuenta con los servicios que se dice que tiene", alegó el concejal, que cree que "a partir de su recepción, los diferentes estamentos deben actuar de forma coherente para dar una solución al conflicto que se ha generado". Gabriel Darder afirmó que "desde el Ayuntamiento no podemos hacer muchos más y no podemos actuar en contra del mandato que ha tomado un tribunal". No obstante, "queremos que los magistrados conozcan el estado en el que se encuentra la urbanización".
Acuerdo Govern-Kühn
Todo esto surge después de que un auto judicial decretara en julio pasado que Muleta II pasa a ser nuevamente suelo urbano tras el acuerdo al que ha llegado la propietaria de la urbanización, encabezada por el empresario alemán Mathias Kühn, y el Govern balear.
Este acuerdo finiquita el proceso judicial promovido por el propio Kühn con el que pedía una indemnización de 100 millones de euros por la desclasificación de la urbanización mediante la ley que en 2008 aprobó el Parlament comandado por el Pacte de Progrés.
