A la sexta tampoco fue la vencida. La oposición volvió a parar, con sus seis votos, la trasferencia de crédito de partidas presupuestarias para pagar los 128.253 euros, con los que la Justicia obliga al ayuntamiento de Petra a satisfacer a la Seguridad Social, Agencia Tributaria y Fogasa, en concepto de intereses pendientes de diversas obras realizadas por la empresa Construccions Biel Galmés, ya extinguida. El conseller de Salud, Martí Sansaloni (PP), no falló (pese a haber sesión del Parlament) y frustró de nuevo la necesidad del equipo de gobierno del PSM de dar luz verde al pago. Tras la sesión de ayer los nacionalistas anunciaron que renuncian a seguir convocando plenos, "al comprobar que la oposición no ha recapacitado sobre la importancia del tema", explicaba la alcaldesa Caterina Mas, con lo que ahora informarán al juez del caso, sobre el bloqueo continuado de la oposición (seis concejales de PSOE, CxI y PP), para que decida en consecuencia.

Hace un tiempo Construccions Biel Galmés pidió al consistorio petrer que asumiera el pago de 340.000 euros por intereses pendientes de las obras públicas en ses Escoles Velles, aulas de formación, equipamiento de teatro municipal o del centro de día. Los informes municipales solo admitieron una deuda con la empresa de 140.000 euros, lo que llevó el caso ante la Justicia, que dictaminó que el Ayuntamiento debía pagar 198.000 euros, dado que la empresa ha dejado ya de existir y está liquidada.

El equipo de gobierno en minoría ya ha conseguido abonar casi 70.000 de esos euros, pero ahora, pese a tener remanente, no puede seguir pagando el dinero estipulado en la sentencia firme dado el voto sistemáticamente negativo de los partidos opositores, que reclaman al PSM que consensúe primero unos presupuestos participativos entre todas las formaciones. "Es una animalada que los petrers estén haciendo un esfuerzo infame para que podamos pagar a los proveedores a 30 días y además poder ahorrar y tener dinero en el banco, y ustedes no dejen ejecutar una sentencia", recriminó el concejal de Urbanismo, Tomeu Gual. Además, recordó que actualmente el Govern todavía debe 828.000 euros al Ayuntamiento.

La oposición tampoco accedió a la aprobación para instalar placas solares en la cubierta de las oficinas municipales, destinadas al ahorro de consumo de hasta el 70% en cuatro años.