La intención de privatizar el puerto de la Colònia provoca cada vez mayor tensión. Diario de Mallorca ya informó en mayo de 2013 del rechazo vecinal a esta iniciativa. Según nuevas investigaciones, el PP apuesta firmemente por la privatización antes de que acabe esta legislatura 2011-15, dejando para más adelante otros puertos condicionados al resultado de las elecciones.

El impulsor directo de este plan de privatización del puerto colonier es Ports de les Illes Balears. Fuentes locales han informado a este diario de que desde hace semanas, varios técnicos de Ports, siguiendo instrucciones del Govern Bauzá, se han visto obligados a elaborar el pliego de condiciones, fase inicial de la privatización del puerto de la Colònia y que ya está redactado. El proceso a seguir sería: presentación del documento a los miembros del Consejo de Administración, que debe reunirse después de las elecciones europeas, a finales de este mes, para su informe; requerimiento de más informes al ayuntamiento de ses Salines y Consell de Mallorca; exposición pública y plazo para presentar alegaciones.

Del pliego en cuestión ya han transcendido varios puntos. A la vista del fracaso de la privatización de puerto de Cala Nova, el documento de condiciones irá enfocado a que las embarcaciones inferiores a una eslora de 8 metros seguirían pagando lo mismo (durante los próximos tres años) y que las embarcaciones de pesca, comerciales, las instalaciones de la lonja y las terrazas y restaurantes del puerto no entrarían en el pliego.

El canon anual a abonar debería superar los 360.000 euros de beneficio que actualmente genera el puerto de la Colònia. Por ello se supone que se fijaría una cantidad de más de 500.000 euros. Ahora se suman tan solo 315 amarres, incluyendo los 37 de la explanada.

En cuanto a la concesión, se prevé un plazo de 30 años. Asimismo, se contempla la reordenación de los amarres y las obras de mejora que se autoricen, descartándose en un principio la ampliación del puerto por motivos medioambientales y los informes que existen desde marina. Al respecto en 2013 hubo ya críticas porque grupos ciudadanos expresaron su oposición frontal a una ampliación de hasta 150 amarres y la habilitación de espacio para embarcaciones de hasta 30 metros. El temor a que el proyecto dañe la playa del Dolç, la posidonia y los restos arqueológicos es evidente, así como a que la instalación náutica pierda su carácter tradicional.

Usuarios intuyen que quienes quieran asegurarse el amarre durante dicho plazo deberán pagar una cuota muy posiblemente de entre 20.000 y 30.000 euros. Las tarifas anuales igualmente se verían incrementadas por parte del concesionario teniendo en cuenta que los amarradores tienen autorizaciones en precario y por tres años, que en el caso colonier se renovaron en diciembre de 2013.

Usuarios consultados por este periódico dudan de la legalidad de la privatización, que consideran totalmente injustificada. En este sentido, advierten de que estarán atentos a todo el proceso.

En la Colònia saben que tienen el apoyo de otros puertos (hay conversaciones) para crear una Federación de asociaciones de amarradores. Y residentes manifiestan su indignación puesto que el de la Colònia "es rentable" y la privatización lo convertiría en "un puerto para ricos". El reconocido carácter familiar, refugio para pequeñas embarcaciones recreativas y de pesca corre serio riesgo ante la corriente privatizadora.