Los representantes de Progressistes y Entesa per Sóller, Catalina Esteva y Jaume Servera, respectivamente, acudieron ayer al cuartelillo de la Guardia Civil para interponer una denuncia contra el alcalde de Sóller al entender que habría cometido los supuestos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos al encargar una encuesta sobre hábitos de consumo de los sollerics "con fines partidistas".
La denuncia fue tramitada ayer, ya que ambos partidos sostienen que Carlos Simarro ordenó la confección de la encuesta "con fines partidistas para reforzar la postura del PP" en el pleno en el que se aprobó poner en alquiler un terreno municipal para que se instale un supermercado en Sóller. Además, Catalina Esteva aseguró que Simarro incumplió la normativa vigente "porque no incoó ningún expediente administrativo para contratar la empresa que realizó el sondeo, ni tampoco lo informó en comisión informativa ni realizó la preceptiva retención de crédito para pagar la factura".
Acto de prepotencia
A su juicio, "esta encuesta es un acto de prepotencia más de Simarro, que la sacó a medio pleno para reforzar la postura del PP". Ambos representantes lamentaron además "que ni tan siquiera se nos informara previamente de la existencia del sondeo", lo que, a su juicio, "no se realizó por interés general sino totalmente partidista". Esteva igualmente puso en duda los resultados de la encuesta "por su elevado margen de error".
Progressistes y Entesa expresaron nuevamente su oposición al proyecto impulsado por el Partido Popular, especialmente en aquello concerniente al alquiler del terreno público para el supermercado. Por su parte, el alcalde Carlos Simarro, aseguró ayer que el procedimiento para la contratación de la empresa que realizó el sondeo "fue totalmente correcto, no hubo nada ilegal". Explicó que el alcalde "puede adjudicar directamente sin concurso encargos por un valor máximo de 18.000 euros", lo que "forma parte de las atribuciones normales de un alcalde".
Secretaría municipal
Desde la secretaría municipal, avalaron la postura del alcalde Carlos Simarro explicando que "la normativa establece que únicamente deberá aprobarse el pago de la factura" por la junta local de gobierno para dar cobertura legal a la adjudicación del contrato. Simarro lamentó la denuncia que ayer le interpuso la oposición y lo achacó "a los nervios y a su particular precampaña electoral".
