El caso del mal sellado del vertedero de Son Terrassa vive un episodio crucial. En el pleno de anteayer, el equipo de gobierno del ayuntamiento de Capdepera, formado por el PSOE, UCap y Es Grup, aprobó el presupuesto municipal de 2015, que incluye una partida de 1.052.000 euros para la ejecución de un proyecto para la enmienda de deficiencias a raíz del mal sellado realizado años atrás, gracias al apoyo económico y técnico del Govern balear vía fondos europeos, con una subvención de hasta 1.300.000 euros, concretamente entre 2008 y 2010.
El actual alcalde gabellí, Rafel Fernández (PSOE), entrevistado ayer por este diario reiteró que el consistorio ha heredado este problema de la pasada legislatura, y que hará todo lo posible para que las arcas locales no se vean perjudicadas. En este sentido, remarcó que "técnicos de la conselleria de Medio Ambiente dieron su visto bueno tanto al proyecto de 2008, que finalmente ha merecido hasta quince folios de deficiencias, y ahora también técnicos de la conselleria de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio han dado instrucciones para proceder al proyecto de enmienda".
La prórroga expira
Se da circunstancia de que en junio de 2015 expira la prórroga concedida por el Govern para justificar la pertinente reparación. En 2010 los técnicos no pudieron certificar el correcto sellado y clausura del vertedero debido a las deficiencias, principalmente inadecuadas inclinaciones de taludes, pendientes excesivas incapaces de soportar el peso de la tierra. Por ello, la devolución de la subvención vía fondos europeos podría ser exigida.
Fernández sostiene que los errores y los gastos han de ser asumidos por el Govern balear, la empresa que ejecutó los trabajos, Coexa, o la dirección de las obras.
En cuanto a la situación actual, el alcalde subraya que Son Terrassa, pese al mal sellado que se realizó, no supone un peligro medioambiental, en base a las conclusiones de técnicos, si bien han de corregirse las deficiencias.
En estos momentos, la previsión del pacto PSOE-UCap-Es Grup es la de próximamente mantener una reunión entre todas las partes implicadas: Ayuntamiento, Govern, empresa y directores de la obra llevada a cabo. Fernández teme que no se puedan alcanzar acuerdos y tenga que ser la Justicia quien determine las responsabilidades, "proceso judicial que igual podría durar entre tres y cinco años...".
PP y Més, partidos en la oposición, lamentan que la resolución del caso se demore y que pueda constituir un lastre para la economía municipal en los próximos años. De hecho, una serie de inversiones previstas este 2014 han tenido que anularse para poder reservar los 1.052.000 euros a la enmienda de deficiencias del controvertido vertedero en la zona de Capdepera-Cala Mesquida.
