El ayuntamiento de Pollença está estudiando seriamente la posibilidad de volver a dirigirse a la delegación del gobierno para expresar la necesidad de instalar cámaras de vigilancia en el entorno de la playa de Llenaire con el fin de mejorar el control de seguridad sobre esta zona del litoral donde en las últimas semanas se han producido diversas muertes de perros por presunto envenenamiento.
Será la segunda ocasión que la institución municipal reclame a la delegación del gobierno autorización para la instalación de videocámaras. La primera fue a finales de verano del pasado año 2013, cuando se sondeó esta posibilidad después de que un perro muriese envenenado en la playa de Llenaire, un caso que se sumaba a otro anterior ocurrido en el mismo enclave del litoral, el único de Pollença en el que se permite la entrada libre de animales domésticos.
En aquella ocasión, la respuesta de la delegación del gobierno fue negativa al considerar que la instalación de cámaras era "desproporcionada" para dar respuesta a dos casos "puntuales" de muerte de animales por envenenamiento. Ahora, la situación es más grave, ya que en total se han registrado hasta siete casos de perros que han perecido por la ingesta de algún producto tóxico que todavía no ha podido identificarse. El Ayuntamiento confía en que la delegación del gobierno se replantee su negativa con el objetivo de mejorar la vigilancia de la zona y evitar que se produzcan nuevos casos.
Bozal en todas las playas
Por otra parte, el ayuntamiento 'pollencí' está redactando el decreto mediante el que se obligará a los dueños de perros a colocar el bozal en todas las playas del municipio, y no solo en los arenales del Port donde se han registrado los casos de presunto envenenamiento.
El decreto contemplará sanciones para los propietarios que no cumplan con la obligación de colocar el bozal a sus mascotas, aunque la regidora de Medio Ambiente, Maria Buades, señala que el objetivo municipal "no es recaudatorio", sino que persigue mejorar la seguridad de los perros. Asimismo, precisó que también deben ir atados, aunque esta obligación ya está plasmada en la normativa municipal.
Buades señaló que, de momento, no hay novedades en la investigación, si bien precisó que el Seprona de la Guardia Civil es el órgano encargado de efectuar las pesquisas.
