El Consell de Mallorca ha comunicado al ayuntamiento de Sineu que no puede seguir adelante con la tramitación de la adaptación de las normas subsidiarias al Plan Territorial de Mallorca (PTM) debido a la falta de documentos importantes como el informe de secretaría previo a la aprobación inicial y la justificación de la exposición pública del texto urbanístico modificado.
El Consell ha informado al Consistorio de que las últimas aclaraciones aportadas por Sineu a finales del pasado año "no son suficientes" y que, al tratarse de "defectos de orden legal del procedimiento" y debido a la "falta de documentos esenciales", sería conveniente efectuar una nueva aprobación inicial con información pública. De esta manera, la aprobación defintiva de las normas, cuya adaptación al PTM empezó a tramitarse en el año 2008, se retrasa ´sine die´.
Una de las consecuencias del retraso acumulado en la aprobación definitiva de las normas es que los propietarios de los terrenos de Rodamilans que cedieron parte de sus fincas para la construcción de la actual escuela pública seguirán esperando la compensación, plasmada en un convenio, consistente en la recalificación de terrenos anexos para poder construir viviendas. Dos de los tres propietarios ya interpusieron un contencioso contra el Ayuntamiento por el incumplimiento de los plazos acordados mediante el que reclaman más de 700.000 euros a la institución municipal. Mientras las normas sigan sin ser aprobadas, los terrenos de estos propietarios continúan siendo rústicos sin posibilidades de desarrollo urbanístico.
En este sentido, el alcalde de Sineu, Pere Joan Jaume (PP), explicó ayer que el Ayuntamiento "está trabajando" para subsanar las deficiencias detectadas por el Consell en la documentación relativa a las normas y admitió que ello "puede retrasar el proceso".
Respecto al convenio de Rodamilans, Jaume afirmó que "está en manos de los juristas", aunque lamentó que los propietarios "se han cerrado en banda a la hora de negociar". El edil explicó que se ha ofrecido una compensación económica a los propietarios a cambio de que retiren el contencioso.
