La investigación desarrollada por el Grupo de Información de la Guardia Civil desde hace seis meses apuntaría a que algunos de los agentes del Grup d'Actuació Preventiva (GAP) de la Policía Local de Palma alertaban a los propietarios de locales nocturnos de las inspecciones que preparaban sus propios compañeros. Estas sospechas se verían reforzadas por las declaraciones de algunos miembros del grupo, que destacaban que nunca encontraban irregularidades durante estas intervenciones, lo que quedaría en evidencia en sus propias estadísticas de trabajo. En cualquier caso, las pesquisas de la Guardia Civil han revelado la existencia de dos bandos claramente enfrentados en el seno del GAP, con duras acusaciones mutuas. Precisamente estas denuncias cruzadas serían las que habrían motivado los últimos expedientes informativos abiertos contra miembros de este grupo.
La investigación sobre las presuntas actuaciones irregulares por parte de agentes del GAP en la Playa de Palma comenzó el pasado verano, como un fleco de la intervención de la Guardia Civil sobre los supuestos amaños en las oposiciones internas de la Policía Local, que le costaron el cargo al antiguo intendente, Antonio Vera, y al exdirector de Seguridad Ciudadana, Enrique Calvo.
Esta nueva fase de investigación se ha desarrollado con enorme discreción por parte de la Guardia Civil. Los agentes confiscaron el ordenador personal del concejal de Seguretat Ciutadana, ante los indicios de que podría haber recibido información sobre las actividades de la supuesta trama corrupta y la Fiscalía Anticorrupción tomó declaración a buena parte de los integrantes de la plantilla del GAP y a agentes de otros grupos.
Las pesquisas se referían a posible trato de favor que empresarios de locales nocturnos ubicados en s'Arenal y el Paseo Marítimo de Palma habrían recibido por parte de algunos integrantes del GAP. Este trato de favor se traduciría en chivatazos, alertándoles cuando la Policía se dispusiera a realizar alguna inspección.
La otra vertiente de la investigación de la Guardia Civil intenta determinar a cambio de qué se mantenía este trato de favor. Algunas informaciones apuntan a que los agentes investigados podrían haberse beneficiado de pagos en especie, como copas gratis o servicios sexuales en algunos clubes de alterne, pero no se descarta que pudieran haber recibido también dinero.
En este sentido, la Guardia Civil intenta diseccionar las relaciones comerciales que algunos de los policías investigados podrían mantener con los propietarios de los establecimientos, y que podrían haber servido como pantalla para estos pagos de favores.
Lo que ha evidenciado la investigación es el pésimo ambiente que existe en el seno del GAP, con dos bandos claramente enfrentados, y que han cruzado denuncias sobre actuaciones irregulares. Estas denuncias habrían dado pie a varios expedientes informativos, con medidas cautelares como el apartamiento del servicio activo de los agentes.
Algunos de estos agentes expedientados se habría quejado ante la fiscalía de que estaban sufriendo represalias después de declarar en la investigación que llevaba a cabo anticorrupción. Y aquí aparece de nuevo la Guardia Civil. El pasado lunes, los encargados de la investigación se personaron en el cuartel de Sant Ferran y solicitaron todos los expedientes abiertos durante las últimas semanas. Los guardias intentan determinar si los agentes sancionados han sido los que habían prestado declaración previamente ante la Fiscalía Anticorrupción.
Sin embargo, otras fuentes niegan esta relación y atribuyen los expedientes a las denuncias presentadas entre los miembros del GAP, fruto de esta guerra interna en la unidad.
