Cambios en los despidos: el empleado cobrará más si pasa por este requisito

Yolanda Díaz espera que esta resolución se aplique en España como se hace en el resto de Europa

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Buenas noticias en caso de despido: esta sentencia obligará a que la empresa te pague más

Buenas noticias en caso de despido: esta sentencia obligará a que la empresa te pague más / Prensa Ibérica

Redacción

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se comprometió a abordar en 2024 una de las reformas más solicitadas por los sindicatos, que podría beneficiar a miles de trabajadores: la reforma de la indemnización por despido improcedente. De hecho, especificó que esta reforma se iniciará después del verano.

Esta promesa se realiza en un momento crucial, ya que la sentencia del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), que exigiría a España aumentar las indemnizaciones, será anunciado oficialmente por el Gobierno próximamente. El Gobierno tiene hasta finales de julio para hacerlo (de no hacerlo, el propio organismo publicará el fallo después de cuatro meses). Será la publicación oficial, aunque desde hace meses se ha intuido la resolución del CEDS.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. / EDUARDO PARRA - EUROPA PRESS

España al nivel de Europa

La ministra detalló: “reformar el despido en nuestro país es hacerlo justo, y es reconocer que los derechos de los trabajadores y las trabajadoras no son predecibles, y que, como dice la doctrina europea, no puede ser que un empresario sepa de antemano cuánto le cuesta despedir a un trabajador o a una trabajadora en nuestro país”. 

Cambios en el despido

La actual indemnización por despido improcedente está sujeta a un máximo de 33 días de salario por año trabajado, con un límite de 24 mensualidades. Este ‘tope’, defienden sindicatos y Trabajo, no se ajustaría a la Carta Social Europea, ya que en determinados casos, este límite resulta insuficiente para reparar el daño cometido por el despido.

El Gobierno se vería en la obligación de modificar las actuales indemnizaciones para que sean reparatorias, lo cual implicaría un incremento de las mismas. La indemnización se determinaría considerando diversos factores, como la edad, la antigüedad en la empresa o la pertenencia de la persona a un colectivo vulnerable.