El sector inmobiliario balear pide al PP un frente común contra la ley estatal de vivienda

Las medidas que el Govern balear ha ido tomando para favorecer la salida al mercado de viviendas a precio asequible son positivas, según se afirma desde la asociación balear de promotores inmobiliarios (Proinba) y desde el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, pero para dar el último impulso sigue habiendo un ‘palo en la rueda’. El problema, según señalan los presidentes de ambas organizaciones, Luis Martín y José Miguel Artieda respectivamente, es que retirar ese obstáculo no depende de la Administración autonómica, sino de la estatal, al considerar que la Ley de Vivienda impulsada por el Gobierno central ha aplicado un «hiperproteccionismo» con los inquilinos que frena las inversiones para sacar al mercado pisos en alquiler. Dado que la mayoría de las autonomías cuentan con Gobiernos del PP, se reclama una alianza entre ellas y el sector privado para intentar corregir esta situación.

El Govern quiere impulsar que se hagan pisos de alquiler en suelo municipal

Martín recuerda que una de las iniciativas que el Govern balear ha decidido favorecer es la de ceder suelo público de los Ayuntamientos para ofrecerlo a promotores y que éstos levanten viviendas protegidas y puedan cobrar las rentas durante 75 años, para luego revertir los pisos al municipio. El problema, según este representante empresarial, es que para ello es necesario hacer una inversión a amortizar a 30 años vista, y este punto se puede poner en riesgo a causa del citado «hiperproteccionismo» del inquilino. Sobre este punto, añade que si éste termina siendo considerado como ‘vulnerable’ y no paga el alquiler, pueden pasar dos años hasta poder desahuciarlo, poniendo en riesgo la citada rentabilidad.

Responsabilidad pública

Sobre este punto, Luis Martín reconoce que a una familia en esa situación no se la puede dejar en la calle y que se trata de un problema social, pero subraya que lo que no es aceptable es que ese coste recaiga sobre las espaldas del propietario del inmueble, y que debería de ser la Administración la que se hiciera cargo del abono de esa renta.

José Miguel Artieda respalda esas palabras, y subraya que la ley estatal de vivienda «se aprobó sin consenso y el tiempo ha demostrado que no funciona». Coincide con Martín en que la responsabilidad de sostener a una familia con problemas económicos no debería ser de un propietario privado, sino de la Administración, y en que este factor está retrayendo la salida al mercado de viviendas para alquilar.

Luis Martín recuerda además que los promotores y propietarios de viviendas en alquiler tienen sobre ellos la «espada de Damocles» que supone la posibilidad de que la zona de su inmueble sea declarada ‘tensionada’, lo que implica limitar el alquiler que se puede aplicar.

Aunque el Govern de Marga Prohens ha decidido no aplicar esta posibilidad en las islas, por lo que no habrá ninguna zona tensionada pese a que muchas cumplen con los requisitos para ello, el presidente de los promotores apunta que este Ejecutivo autonómico tiene por delante tres años de legislatura, sin que nadie pueda garantizar que sucederá después, e insiste que un empresario de su sector necesita 30 años para amortizar la inversión que supone levantar un edificio de residencias para alquilar.

Dos de cada tres municipios de Mallorca podrían declararse zona tensionada para frenar los alquileres

Todo ello hace que los riesgos sean muy elevados, y que muchas empresas prefieren desistir de participar en este tipo de iniciativas ante el temor a terminar perdiendo dinero.

Mapa político

Luis Martín destaca que en estos momentos la mayoría de las comunidades autónomas aparecen «con color azul en el mapa», es decir, cuentan con presidentes del PP, de ahí que haga un llamamiento para entre todas presionar con el fin de que se modifique la citada Ley estatal de Vivienda para que no frene la inversión en pisos de alquiler. 

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