El dueño del Medusa Beach, detenido por diez delitos por el derrumbe mortal

El dueño del Medusa Beach Club fue detenido ayer por la Policía Nacional acusado de diez delitos por el derrumbe en el que murieron cuatro personas y 16 resultaron heridas hace poco más de un mes en la Platja de Palma. El empresario austriaco Christian Arnsteiner quedó en libertad en cuestión de horas tras negarse a declarar ante el juez de guardia. Como medidas cautelares, el magistrado le ha retirado el pasaporte, le prohíbe salir de España y le obliga a comparecer periódicamente en los juzgados. El propietario del negocio se enfrenta a cuatro cargos de homicidio y seis de lesiones, todos de manera imprudente, por las graves irregularidades detectadas en el establecimiento. La terraza que se hundió no tenía licencia y había sido sometidas a reformas ilegales que la sobrecargaron y provocaron su desplome, según las conclusiones de las pesquisas realizadas hasta ahora.

El proceso judicial no ha hecho más que comenzar con la detención de Arnsteiner. El caso está en manos del juzgado de instrucción número 9 de Palma, con el juez Enrique Morell al frente. Está previsto que en los próximos días reciba al atestado que recopila las evidencias recabadas por la Policía y estudie si puede haber otras personas con responsabilidades en lo ocurrido.

El juez deja en libertad al dueño del Medusa Beach, detenido por el derrumbe mortal

La investigación del grupo de Homicidios y de la Policía Científica, que desde que se produjo el derrumbe a última hora de la tarde del pasado 23 de mayo han recabado informes, pruebas y testimonios, culminó ayer por la mañana. Los agentes arrestaron al dueño de la sociedad que explota el Medusa Beach Club, situado en el número 34 de la calle Cartago, y lo trasladaron a comisaría. Tras comunicarle las graves acusaciones que pesan sobre él, fue reseñado. Asistido por el abogado Ángel Aragón, declinó responder a las preguntas de los investigadores.

Al filo de las cuatro de la tarde, el empresario fue conducido a los juzgados de Vía Alemania y puesto a disposición del juzgado de instrucción número 7 de Palma, que se encontraba en funciones de guardias. Arnsteiner compareció brevemente ante el magistrado Antoni Garcías y el fiscal Miguel Ángel Anadón, delegado en Balears del área de Seguridad y Salud en el Trabajo del ministerio público y especializado en este tipo de siniestros. Como ya había hecho ante la Policía, el empresario se acogió a su derecho a no declarar. El juez acordó las medidas cautelares solicitadas por el fiscal y le dejó en libertad. Poco después de las seis de la tarde, el acusado quedó se marchó del juzgado sin responder tampoco a los periodistas que esperaban su salida.

Sin licencia y con obras ilegales

Arnsteiner lleva más de 30 años afincado en Mallorca y regenta varios negocios de hostelería en la Platja de Palma. En 2018, él, su hermano Gerald -que era y sigue siendo director general de la discoteca Megapark de Bartolomé Cursach- y dos personas más empezaron a explotar el local de la calle Cartago, que era entonces un restaurante mexicano. En 2020, Christian Arnsteiner se quedó solo al frente del establecimiento y tras una serie de reformas, lo reabrió como Medusa Beach Club.

Según los informes técnicos del Ayuntamiento de Palma -que ya en 2013 había detectado irregularidades en el inmueble-, la zona que colapsó el pasado 23 de mayo era parte de una cubierta que se había unido a la terraza del local para abrirla al público del Medusa pese a que no tenía ningún tipo de licencia. La estructura no había sido reformada para poder acoger clientes y, además, con las obras llevadas a cabo se le aplicó una carga que no podía soportar. A ese exceso de peso se le unió el de las 21 personas que estaban en la terraza en el momento del derrumbe.

El colapso provocó que la cubierta cayera sobre la planta baja y ambas acabaran en el sótano. En el siniestro murieron cuatro personas: un senegalés de 44 años, una joven española de 23 años que trabajaba en el Medusa y y dos turistas alemanas de 20 y 30 años. Además, otras 16 personas -la inmensa mayoría visitantes de origen neerlandés- sufrieron lesiones de diversa consideración. Varias de ellas estuvieron unos días hospitalizados, pero todos han recibido ya el alta.

  El empresario se enfrenta ahora a una decena de delitos que podrían acarrearle varios años de prisión y al pago de indemnizaciones millonarias a las víctimas.