Las administraciones dejan carreteras y colegios de Mallorca sin mejorar por buscar ‘gangas’

La mejora de la carretera que enlaza Estellencs con Andratx, la reforma de la residencia para personas mayores Llar dels Ancians, o la ampliación de centros de educación infantil y primaria de Sóller o de Sant Llorenç des Cardessar son algunas de las obras que por el momento se están quedando sin ejecutar debido a que las Administraciones de las que dependen han buscado ‘gangas’ y han puesto un valor para su licitación que ninguna empresa constructora ha aceptado por ser demasiado bajo para tener asegurado un beneficio por ejecutar esos proyectos. Con el agravante de que algunos de ellos cuentan con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que aporta la Unión Europea, unas ayudas que se pueden perder si la realización de estas actuaciones no se hace dentro del plazo fijado, según se lamenta desde la asociación balear de constructores.

Hay 21 obras públicas de Mallorca que nadie ha querido hacer por no ser rentables

La gerente de la citada patronal, Sandra Verger, se quejó recientemente ante Diario de Mallorca de que 21 proyectos de obra pública que habían salido a licitación durante este año habían quedado desiertos al no aspirar ninguna empresa a realizar estas obras porque el presupuesto asignado era demasiado bajo para ser rentable. El valor global de los mismos asciende a 14,6 millones de euros (17,7 millones si se incluye el IVA). Hay un dato a destacar: en este listado de 21 obras públicas hay tanto proyectos del Estado como del Govern, del Consell de Mallorca y de varios ayuntamientos.

Proyectos desiertos

El más importante de ellos, si tenemos en cuenta el valor del mismo, es la reforma interior del pabellón D de la residencia de personas mayores Llar dels Ancians, impulsado por el Consell de Mallorca. La obra estaba presupuestada en 4,5 millones de euros y ninguna constructora ha competido por hacerse con su ejecución, dejando el concurso desierto.

La importancia de este caso no radica solo en que es, con diferencia, la actuación más costosa del grupo , lo que supone detener un proyecto que conlleva una notable inyección de fondos al sector, con lo que ello implica de generación de empleo, sino que además es una de las obras que cuenta con financiación europea a través de los fondos Next Generation, con el riesgo de perder esta ayuda si no se ejecuta en los plazos previstos, según se pone de relieve desde la patronal balear de constructores.

El segundo proyecto en importancia que ha quedado desierto, si nos atenemos a su valor, es la ampliación del centro de enseñanza infantil y primaria Sant Miquel, de Sant Llorenç des Cardessar, obra que impulsa el Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos (IBISEC) dependiente del Govern, para el que se habían destinado 2,5 millones de euros pero que nadie ha querido desarrollar.

El tercer puesto recae de nuevo sobre el Consell de Mallorca, y es el refuerzo de firme de la carretera MA-10 desde Estellencs hasta Andratx y la travesía de Banyalbufar, para cuya ejecución se habían presupuestado 2,4 millones de euros.

Todas las Administraciones

El abanico de obras que han quedado desiertas es muy amplio e incluye algunas del Estado, como las previstas para optimizar espacios en la Delegación de Hacienda (181.812 euros de presupuesto) o las nuevas exclusas para pasajeros en el aeropuerto a cargo de AENA (219.939 euros).

También otras del Govern, como la reforma del edificio de servicios del puerto de Cala Rajada (210.021 euros), o la ampliación del centro de educación infantil Pere Cerdà de Sóller (777.696 euros).

La lista afecta a varios ayuntamientos, como Deià, con dos proyectos vinculados a infraestructuras de agua; Santa Maria, correspondiente a una pérgola fotovoltaica; Artà, con un punto verde que además está financiado con fondos europeos; o Capdepera, con la mejora de los accesos a la playa de Canyamel, por citar algunos ejemplos.

La crítica que hacen los constructores es que todas estas instalaciones se ven retrasadas por pretender ajustar demasiado el presupuesto al no tener en cuenta el encarecimiento de los materiales, lo que obliga a convocar un nuevo concurso, con el perjuicio que eso supone para los ciudadanos.

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