No quedaba otro remedio que admitir y comenzar a aplicar un cambio de actitud. De persistir en la posición y la maniobra inicial del Govern, el esbozo de la nueva Ley Turística, en vez de conseguir regular y modernizar el sector, quedaba en una vasta operación destinada al fracaso. Por dos motivos principales, porque no ha llegado al Parlament con el aval de los sectores implicados, excepto el hotelero, y porque ha sido precocinada sin tener en cuenta sus incompatibilidades con otras normativas, incluso de rango superior, hasta el extremo de intentar invadir competencias ajenas.

Ahora, a fuerza de tropiezos, se están comenzando a corregir las cosas. Es la resaca de la prisa excesiva y de quien, a fuerza de acumular poder ha llegado a autoconvencerse de que todo está en sus manos. La democracia no es eso. La realidad tampoco.

La difusión del borrador de la Ley del Turismo ha movido muchas cosas en la trastienda. Incluso en la clausura doméstica de un PP especialmente interesado en lavar sus trapos sucios en casa. El conseller Delgado llegó a reconocerlo ayer de forma implícita en su encuentro con la Caeb dentro de su campaña de proselitismo de las bondades de la nueva norma. Los alcaldes de su partido y la oferta complementaria le han hecho parte de la colada al conseller de Turismo. Por eso ahora ve la ropa de otro color.

Se restringe, por imperativo de la realidad, la manga ancha inicial. Los ayuntamientos, mientras no se regule lo contrario, siguen siendo amos de su término municipal. En consecuencia, se ponen los puntos sobre las íes y el informe del consistorio afectado será preceptivo y vinculante para los cambios de uso de establecimientos turístico. En determinados casos se requerirá igualmente la consulta al Consell. También parece que el plazo para regularizar la oferta ilegal quedará reducido a un año, en vez de los cuatro anunciados en un principio.

Hay un intento, por otra parte, de describir y situar mejor el "todo incluido". A la prohibición de sacar bebidas de los establecimientos que lo ofrecen, se suma el compromiso, a petición de la Caeb, de velar por la calidad del servicio y de los productos. Deberá concretarse el modo de hacerlo. Para alcanzar este punto de consenso parece que ha sido determinante la posición conjunta entre hoteleros, empresarios de restauración y de salas de fiesta alcanzada la semana pasada. El conseller Delgado trastoca su mensaje inicial en el sentido de indicar que la nueva ley debe ser responsabilidad de todos. Todo ello dejando claro también que le han puesto en la conselleria de Turismo para gobernar y hacer cosas. Aún manteniendo el carácter, es una nueva actitud.