En cuarenta y ocho horas, la cuestión etarra ha disipado incertidumbres y ha recuperado la velocidad de crucero que nos ha traído hasta aquí. El líder del PP vasco, Basagoiti, se entrevistaba con Rajoy el martes y recibía el plácet pata que la formación gubernamental participe sin reservas en la estrategia conjunta que desarrollan los partidos democráticos, con la creciente implicación de la coalición abertzale Amaiur. Y el miércoles, poco antes de que Rajoy se entrevistase con el líder de la oposición, Rubalcaba, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, fijaba expresivamente la posición oficial: "ETA hoy en día no es un problema fundamentalmente policial, tiene una dimensión política que no podemos obviar. Por eso hemos de saber gestionar esta situación, no como corresponde a una ETA cuando estaba en plenitud de capacidad operativa, asesinando, aterrorizando y extorsionando, sino a una ETA que está diezmada, a la que ha derrotado el Estado de derecho. Tenemos que saber convertir esa derrota policial en una victoria política de los demócratas, no en una victoria política del mundo que ha jaleado durante todo este tiempo al terrorismo".

Estas declaraciones del ministro han sido interpretadas como un cambio de discurso, pero en realidad son la elección del discurso que siempre han mantenido Basagoiti y la mayoría del PP vasco frente al minoritario de Jaime Mayor Oreja, para quien ETA seguiría en plenitud de forma y habría recurrido a la estrategia de simular el abandono de la violencia para recomponerse e irrumpir en su momento con su agresividad intacta. El PP oficial reconoce, en fin, que ETA se ha acabado, y que su disolución formal está al alcance de la mano; que Euskadi debe resolver la espinosa cuestión de los presos, combinando generosidad con legalidad y buscando la reinserción real de la mayoría –siempre habrá un grupo irrecuperable– por el procedimiento de reconciliarlos con las víctimas; y que el plus de apoyo social y electoral que hoy obtiene Amaiur por ese proceso desaparecerá cuando la situación se normalice definitivamente.

Las manifestaciones de Fernández fueron la respuesta al requerimiento de la exsocialista Rosa Díez para que el Gobierno inste de nuevo la ilegalización de Bildu y de Amaiur ante los tribunales. Exigencia absurda por cuanto el Constitucional ya se pronunció en el caso de Bildu y porque la ilegalización tiene tanto menos sentido cuanto más arraigada está la evidencia del fin de ETA. Díez se mereció el epíteto de oportunista que le dedicó Fernández, entre otras razones porque la fundadora de UPyD es la misma persona que fue durante años consejera del Gobierno Vasco, a las órdenes del nacionalista Ardanza, y que suscribió en su día el Pacto de Ajuria Enea que propugnaba el final dialogado del terrorismo.

Siempre fue previsible que el cierre del interminable terrorismo vasco requeriría raudales de sensibilidad para cerrar las heridas abiertas en la pequeña comunidad euskaldún. Heridas, sobre todo, en las víctimas del terror, pero también en el entorno de los victimarios, cuyo error objetivo no excluye en ocasiones la buena fe. Afortunadamente, las grandes formaciones están entendiéndolo así, por lo que se impone aislar a las minorías insignificantes que pretenden aprovechar esta cuestión sensible para obtener inmerecida notoriedad.