Europa contra la desinformación

Con anterioridad a las recientes elecciones al Parlamento Europeo, la UE consideró conveniente adoptar una serie de medidas para salir al paso de las variadas tentativas de desinformación que surgen por doquier con la intención de influir subrepticiamente en los procesos electorales, al servicio de las opciones más radicales.

Cuando tales actuaciones se estaban terminando de cocinar, el gobierno anunció que iba adoptar una serie de medidas de regeneración democrática, entre las que se encuentra asimismo la regulación del sistema de los medios de comunicación para combatir los bulos, fortalecer la independencia de los propios medios y de los periodistas y proteger a la sociedad de ocultaciones y campañas que, con el pretexto de la libertad de expresión, favorecen en realidad intereses particulares y fomentan la desinformación.

El anuncio del gobierno español se enmarca en el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación que entró en vigor el pasado 7 de mayo y que será plenamente aplicable a partir del 8 de agosto de 2025. Y frente a quienes sugieren que se trata de una estrategia limitante que busca establecer una censura más o menos explícita o reducir la influencia de los discrepantes, conviene señalar que la iniciativa de la UE surgió de los episodios de control político malicioso y deriva autoritaria que ocurrieron en Hungría y en Polonia, de la mano de sendos regímenes «iliberales».

La norma comunitaria es exhaustiva pero hay dos elementos que son especialmente interesantes porque van al corazón de la manipulación política a cargo de los partidos o del propio Estado: uno de ellos se refiere a la transparencia sobre la propiedad de los medios, y el otro, a la publicidad institucional.

En el primero de estos asuntos, la ley establece una serie de requisitos que obligan a la plena accesibilidad para los ciudadanos de toda la información relacionada con la propiedad de los medios, y en especial el nombre de los propietarios directos o indirectos de paquetes de acciones y se conozcan los intereses del editor en los diversos ámbitos de la actividad política, económica y social. La tan cacareada transparencia debe empezar por los gestores de la información.

La segunda cuestión, el de la publicidad institucional, tiene varias vertientes. Por una parte, será obligatorio publicar todas las subvenciones que perciben los medios procedentes de las instituciones públicas ya que —asegura el Reglamento— «la asignación opaca y sesgada de dichos fondos es un instrumento poderoso para ejercer influencia sobre la libertad territorial de los prestadores de servicios de medios de comunicación». El reglamento previene asimismo contra el uso de fondos indeterminados que pueden utilizarse como financiación encubierta, lesiva para la igualdad de oportunidades. Y puesto que las subvenciones públicas suelen otorgarse en función de la audiencia de los medios, esta deberá ser medida con el máximo rigor, y no como actualmente, ya que resulta notoria la mixtificación al alza de datos que se traducen en ayudas indebidas e injustamente atribuidas. No es fácil la medición de audiencias en el mundo digital, pero hay que conseguir datos fiables. Actualmente, no es exagerado decir que algunos rankings de audiencia son sencillamente inverosímiles.

Al margen de estos dos grandes asuntos, la directiva comunitaria establece normas para proteger a los periodistas y a sus fuentes, prohíbe expresamente el software espía, establece códigos obligatorios contra la desinformación y regula prácticas dañinas y contenidos nocivos, incluso de carácter terrorista o amenazante para la seguridad nacional. Los procedimientos que se establecen no serán autoritarios sino que en muchos casos encomiendan a la propia audiencia la toma de iniciativas para proteger a la comunidad de noticias falsas o de intereses espurios. Habrá asimismo diversos comités de expertos que analizarán en tiempo real el funcionamiento de los medios y harán sugerencias sobre las necesidades regulatorias que permitan limitar los efectos dañinos del sistema de comunicación.

De la misma manera que el régimen democrático tiene perfecto derecho a defenderse de sus enemigos, el sistema mediático que sostiene y vertebra la opinión pública debe liberarse de aquellos elementos que resulten lesivos para la transparencia informativa y distorsionen la información que recibe la sociedad civil. De eso se trata cuando se habla de regeneración en este delicado territorio.

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