Más allá de la renovación del CGPJ

Ya se ha llegado a un acuerdo político, y, por fin, se va a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Los nombres que se han dado a conocer merecen todo el respeto por su trayectoria profesional, y deben contar con el crédito inicial por parte de la opinión pública y los medios de comunicación. Muchos caerán en la tentación de no ver a las personas propuestas más allá de sus simpatías ideológicas, reales o presuntas. Pero hay que evitarlo para no perpetuar la sospecha de politización que ha pesado como una losa sobre el Consejo, por fin, saliente.

El CGPJ es el órgano de gobierno del Poder Judicial, según el artículo 122 de la Constitución. En la práctica, funciona de hecho como algo parecido a la representación del mismo. Por eso las quejas sobre el mal funcionamiento de la Justicia se dirigen a él, y, por lo mismo, el presidente del Tribunal Supremo, que a la vez preside el CGPJ y es elegido por sus miembros, en sus manifestaciones públicas viene a considerarse como un portavoz oficioso de los jueces y magistrados que forman el Poder Judicial. En estas condiciones, al nuevo CGPJ le corresponde una importantísima tarea que va más allá de las funciones, trascendentales, que le atribuye la Constitución.

En primer lugar, debe velar por la imagen del Poder Judicial, que no pasa por su mejor momento. Eso incluye, por supuesto, reaccionar ante las intromisiones de los líderes políticos que critican las actuaciones judiciales. Pero, con el mismo énfasis, debe cuidar que los jueces y magistrados se abstengan de entrometerse en el ámbito del poder ejecutivo o del legislativo. Un presidente del Gobierno no debe criticar la actuación de un juez, pero el CGPJ no puede hacer como si no pasara nada cuando vemos a jueces y magistrados que se concentran, con sus togas puestas ante un palacio de justicia, para protestar por un acuerdo entre dos formaciones políticas. Para restablecer el respeto por la separación de poderes todos deben poner algo de su parte. Y la que le toca al CGPJ no es menor.

Al gobierno, a los líderes políticos, los podemos criticar. A veces son víctimas de bulos, y de maniobras que aprovechan el derecho a la acusación popular al amparo de lo que permite el artículo 125 de la Constitución. Sin embargo, se supone que debemos retenernos en las críticas a los jueces y magistrados, incluso cuando toman posiciones políticas obvias. En principio, para no manchar la imprescindible presunción de independencia de la que deben gozar. Pues bien, conviene recordar que España fue condenada por el Tribunal Europeo de Derecho Humanos en 2021, en el caso Benítez Moriana e Íñigo Fernández contra España, porque los recurrentes habían sido condenados al publicar en un periódico una crítica a las capacidades profesionales del juez que había dictado una resolución que les afectaba. Si la libertad de expresión alcanza a eso, que no se nos vuelva exigir silencio ante los jueces que bajan a la arena política escudándose en su toga. Alguno hay que aparece llevándola en un canal de YouTube.

Abril nuevos debates

En segundo lugar, el CGPJ debe prepararse ante un debate que en algún momento tiene que abrirse: el del acceso a la carrera judicial. El actual sistema tiene sus virtudes, pero conlleva una preparación memorística, que obliga a quienes desean ser jueces a encerrarse durante cuatro años o más, seis días por semana, sin hacer otra cosa. Aparte, claro, de pagar, y no siempre de modo transparente, a los jueces o magistrados que escuchan al opositor recitar los temas memorizados. Son los llamados «preparadores». El CGPJ debería propiciar la mayor transparencia posible.

Pero convendría que asumiera también que, si alguna vez se presenta un proyecto o proposición de ley que modifique el actual sistema de acceso a la judicatura, debe reaccionar con el mismo respeto y rigor jurídico con el que se manifiesta cuando quiere. No saltar como un muelle ante la mínima sospecha de que la organización del Poder Judicial puede cambiar.

Es posible, en el marco de la Constitución. Lo que está grabado en piedra, con origen supuestamente divino, son los Diez Mandamientos, no la ley orgánica del Poder Judicial.

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