Los tres edificios expedientados en Palma siguen alquilando a turistas con total impunidad

A la vista de todo el mundo y con total impunidad. Los tres edificios destinados íntegramente a alquiler turístico ilegal en Palma siguen facturando miles de euros a diario de manera fraudulenta y aprovechándose de la inacción del Consell de Mallorca y del Ayuntamiento de Palma, las dos administraciones competentes para neutralizar esta actividad y multar a sus responsables.

Los tres inmuebles, ubicados en las calles Gaspar Bennazar 26, Pare Guillem Vives 24 y Aragó 87, siguen operando como hoteles, con casi todos los apartamentos reservados para este julio y agosto y con un beneficio esperado de decenas de miles de euros. Además libres de impuestos al tratarse de una actividad completamente ilegal.

Se da la circunstancia de que estos tres inmuebles comparten una misma gestión. Cada uno de ellos está a nombre de tres empresas domiciliadas en Palma cuyo apoderado único es Javier Sánchez, un empresario que tiene a su nombre varias sociedades dedicadas principalmente al sector inmobiliario.

Casi 200 plazas fraudulentas

En conjunto, los edificios suman casi doscientas plazas fraudulentas que se anuncian en Booking y en otras plataformas de arrendamiento vacacional. Sin número de licencia o con un número falso. De hecho, no pueden tener licencia porque el alquiler turístico en pisos está completamente prohibido en Palma, aunque la oferta ilegal está a la orden del día.

El caso de estos tres edificios trascendió públicamente hace casi dos meses, cuando el PSOE de Palma denunció su existencia. El Ayuntamiento y el Consell de Mallorca los tenía en el radar desde antes, pero a día de hoy siguen operando con total impunidad. Muchos apartamentos incluyen literas y sofás para aumentar su capacidad y, por tanto, los beneficios.

El Ayuntamiento informó hace semanas de que los tres edificios en cuestión tienen un expediente abierto por parte del área de actividades. Por su parte, el departamento de Turismo del Consell, responsable de la inspección y sanción en toda la isla, señaló que una serie de inmuebles en Palma «han sido objeto de inspección y tienen abierta acta», aunque evitó especificar si se trataba de estos tres edificios en concreto.

¿Por qué después de semanas o incluso meses con un expediente abierto pueden seguir lucrándose ejerciendo una actividad ilegal? El Ayuntamiento de Palma, que ha hecho de la lucha contra el alquiler turístico ilegal una de sus banderas, no ha respondido.

El Consell, por su parte, pretexta que «la ley es muy garantista», por lo que «hasta que no se cierra un expediente en vigor, una persona que haya sido denunciada puede seguir realizando la actividad sin que se la pueda volver a multar».

De este modo, estas casi doscientas plazas ilegales se siguen comercializando con total impunidad mientras los expedientes se eternizan ante la pasividad de la administración. No consta si los responsables de esta oferta ilegal al por mayor en el centro de Palma ha pagado una multa alguna vez, pero a cambio sus ingresos son muy cuantiosos.

5.400 euros al día

Los edificios de Pare Guillem Vives y de Aragó se siguen anunciando en Booking y tienen casi todas las noches reservadas de aquí al otoño. Y eso significa muchos miles de euros de ingresos. El inmueble con más aforo, el de calle Aragó, alquila a turistas doce pisos de dos habitaciones en los que se aprietan seis personas. En total, 72 plazas turísticas ilegales en el mismo inmueble. El precio medio este julio es de 450 euros por piso y noche. Es decir, 5.400 euros sumados todos los pisos. A diario, y libres de impuestos.

El negocio es redondo, y lo será todavía más en agosto, cuando los precios en los ‘hoteles’ de Aragó y Pare Guillem Vives se disparan hasta los 950 euros por noche. Y a estas alturas está casi todo reservado.

El edificio de Gaspar Bennazar ya no se comercializa en Booking —el anuncio ‘desapareció’ cuando trascendió que se alquilaba ilegalmente— pero aparece en otras plataformas porque hay un trasiego constante de turistas entrando y saliendo. Este inmueble alquila diez apartamentos de uno o dos dormitorios que suman 56 plazas, y se anuncian bajo la denominación Toros Apartamentos (por su cercanía con la plaza de Toros).

Multas versus beneficios

Incluso si los gestores o propietarios de estos alquileres ilegales llegaran a pagar algún día la multa más elevada prevista por el departamento de Turismo del Consell, 400.000 euros, les saldrá a cuenta después de meses, en algunos casos años, lucrándose de manera fraudulenta.

El inmueble de Foners, bautizado como Can Pere Antoni Apartamentos por su relativa cercanía con la playa, tiene reseñas de clientes desde verano de 2021. Es decir, tres años facturando miles de euros al margen de la normativa y del fisco. «Las almohadas eran incómodas y el termo, al ser eléctrico, no duró para seis personas», se quejaba una turista española la semana pasada.

El edificio de la calle Aragó recibe comentarios en Booking desde marzo de 2023. El último es de este mismo viernes. «Salón amplio», celebraba un turista italiano, aunque reprochaba que «el baño principal se inunda fácilmente».

Operar al margen de la normativa implica no pagar impuestos, pero también quedar fuera del control de la administración en materia de seguridad de los edificios, condiciones de higiene y derechos de los trabajadores. En este sentido, hay personal que limpia las habitaciones cuando los turistas se marchan, exactamente como en un hotel.

El caso de estos edificios es paradigmático, pero no una excepción. La realidad es que en Palma florecen desde hace años miles de alquileres turísticos ilegales que se reparten por toda la ciudad —hace tiempo dejó de ser un fenómeno exclusivo del centro— y que en la mayoría de los casos operan muy lejos del radar de unas administraciones que dicen declararle la guerra al alquiler turístico ilegal, pero apenas son capaces de detectar una pequeña parte.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, cifra en entre tres mil y cinco mil los pisos que se alquilan fraudulentamente a turistas en la ciudad. Una expansión de la oferta ilegal que alcanza a todos los rincones de Palma y que implica que miles de pisos se queden fuera del mercado del alquiler residencial en plena emergencia habitacional. Esta actividad también provoca con frecuencia problemas de convivencia con los vecinos. Pero sale mucho más rentable arrendarlos a turistas y el castigo por parte de la administración, de haberlo, llegan a muy largo plazo.

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