El Gobierno mantendrá su bloqueo a la ampliación del puerto de Palma

El Gobierno mantendrá su veto al proyecto de ampliación del puerto de Palma que defienden la Autoridad Portuaria de Balears (APB) y el Ayuntamiento de Palma. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que dirige Óscar Puente descarta apoyar un plan que en la actualidad contempla la creación de una zona recreativa que incluirá bares y restaurantes frente a la Seu, en un espacio ahora reservado al mantenimiento y reparación de embarcaciones. El Ejecutivo central tampoco apoyará un desarrollo que no esté consensuado con entidades vecinales, ecologistas y comerciantes, y considera que el actual no cuenta con ningún tipo de respaldo social.

El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, trasladó ayer a este periódico la postura que mantendrá con respecto al proyecto que está sobre la mesa de la APB. «Creemos que la reordenación del espacio portuario que se plantea en Palma, con un impacto tan importante en la ciudad, requiere del máximo consenso institucional, social y político. Solo vamos a respaldar una propuesta que cumpla esta condición», subrayó el número dos de Óscar Puente.

«Estamos siempre abiertos al dialogo con la máxima lealtad institucional, y colocamos a las personas en el centro porque sus intereses del día a día son muy importantes, y más en una operación de esta naturaleza», añadió Santano.

La semana pasada el secretario de Estado recibió en el Ministerio al portavoz del PSOE en el Parlament balear, Iago Negueruela; al portavoz del PSOE de Palma, Xisco Ducrós; y el delegado del Gobierno en las islas, Alfonso Rodríguez Badal. Los tres trasladaron a Santano su preocupación por un plan que, consideran, solo persigue crear una nueva zona de lujo en Palma destinada a turistas, incluyendo una marina para grandes yates. El secretario de Estado fue permeable a esta inquietud y expresó que el Gobierno no le daría luz verde en estas condiciones.

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Los filtros del Estado

La APB puede acometer la remodelación del puerto de Palma porque tiene la competencia, el dinero y la mayoría en el consejo de administración de esta entidad dependiente del Govern balear. Sin embargo, debe superar dos filtros que sí dependen de Madrid. En primer lugar, la autorización del Ministerio de Fomento, que debe aprobar el proyecto definitivo. En segundo lugar, un informe medioambiental favorable que solo puede conceder el Ministerio de Transición Ecológica.

Las reservas verbalizadas por el secretario de Estado contrastan con el optimismo de Javier Sanz, presidente de la APB, que negó que en el último consejo de administración los representantes del Estado hubieran rechazado el proyecto. «Nos besaban. Decían que estaban totalmente de acuerdo. Estaban encantados, nos dijeron que lo hagamos cuanto antes», respondió Sanz.

Además de la intención de crear una zona recreativa con yates, restaurantes y posiblemente una escuela de náutica, el plan del presidente de la APB incluye «incrementos de superficie de tierra en el dique del Oeste destinados a la reparación y mantenimiento de embarcaciones», y más espacio para embarcaciones de líneas regulares.

En este sentido, el Gobierno considera que más buques de líneas regulares se traducirán en más coches de alquiler en las carreteras de la isla. En general, no ve con buenos ojos un plan que considera expansionista en un contexto de preocupación ciudadana por la saturación turística y la masificación.

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