Los ayuntamientos de Mallorca podrán decidir sobre los parques solares más pequeños

El Consell de Mallorca anunció este viernes que dejará en manos de los ayuntamientos el poder de decisión sobre la instalación de nuevos parques fotovoltaicos en suelo rústico de menos de cuatro hectáreas. Y lo hará a través de una nueva modificación del Plan Territorial Insular (PTI), aunque a efectos prácticos no tendrá demasiado recorrido ya que hablamos de parques solares bastante pequeños. Y es que la mayoría de los que se tramitan en suelo rústico superan de largo esta extensión.

El proyecto, aún sin aprobar, fue presentado este viernes por la institución insular a las corporaciones municipales de Algaida, Andratx, Banyalbufar, Calvià, Deià, Esporles, Fornalutx, Marratxí, Palma, Sóller, Valldemossa y Llucmajor en una reunión que celebraron en la sede de la Federación de Entidades Locales de Balears (FELIB), y que esperan reproducir en las próximas semanas con los consistorios de las comarcas del Raiguer, Llevant y Migjorn para recoger sus aportaciones.

Según explicó el Consell en una nota, con esta cuarta modificación del Plan Territorial Insular se pretende conceder más autonomía a los ayuntamientos, ya que serán los órganos urbanísticos municipales los que tramitarán las licencias de las instalaciones de los parques fotovoltaicos de hasta cuatro hectáreas. Y, en cuanto a los que superan esta extensión, continuarán como hasta ahora y los trámites recaerán sobre el Govern o bien necesitarán una declaración de interés general.

Sin embargo, dar vía libre a la instalación de parques solares menores de cuatro hectáreas no es un plan novedoso. En 2021, el anterior gobierno del Pacte ya habló de agilizar los trámites en estos casos en concreto, permitiendo que no fuera necesario el visto bueno de la Conselleria de Agricultura.

Ahora, el nuevo Ejecutivo trabaja sobre la misma línea, queriendo definir detalladamente los usos admitidos y la ubicación para la instalación de los parques fotovoltaicos que no superen las cuatro hectáreas, aunque ahora dando a los ayuntamientos la potestad para decidir sobre ello sin pasar por el departamento insular.

En palabras del conseller insular de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio, estas reuniones ponen de manifiesto la línea de trabajo del Consell, buscando «el consenso y la colaboración institucional, especialmente con los ayuntamientos». Por ello, incidió Rubio, la institución «quiere escuchar las sugerencias y aportaciones de los municipios en la cuarta modificación del PTI», ya que «en la legislatura pasada quedó encima de la mesa sin aprobarse», añadió. 

Sobre la Ley de cambio climático de Balears, a la que la Unión Europea obliga a definir los usos admitidos en cada término municipal para iniciar el proceso de descarbonización , el conseller insular mostró su intención de adaptarlo con «la máxima colaboración» de todos los municipios. 

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