Francisco Javier Somoza: «El caso de Olivia Encinas nos tiene que servir como ejemplo de actuación»

En 2016, a raíz del secuestro de su hijo por parte de su madre en Rusia y tras estrellarse contra la justicia de ese país, que no le dio la menor oportunidad de tener acceso al menor, Francisco Javier Somoza (A Coruña, 61 años) dejó su trabajo como directivo bancario y fundó la asociación Niños Sin Derechos, en un intento de coordinar todos los esfuerzos de las víctimas de los secuestros parentales en el extranjero. Su trabajo resultó clave para que otro padre, Alberto Encinas, de Pollença, lograra recuperar a su hija, Olivia, a la que su madre mantuvo ocho años escondida en Polonia. El pasado miércoles su labor fue reconocida por la Guardia Civil, que le concedió una medalla.

Hábleme de su caso.

Me casé en 2010 con una ciudadana rusa, pero nuestro matrimonio duró poco. En 2012, cuando ya estábamos separados, nació mi hijo en San Petersburgo. Desde el principio mi mujer utilizó a mi hijo para chantajearme económicamente. Me exigía dinero para tener acceso a él. Llegó a ingresarle en un orfanato y tuve que pagar para sacarle de allí. En los años siguientes entablé una batalla en los tribunales para tratar de regularizar la custodia, sin depender de las exigencia de ella, pero la justicia en Rusia siempre da la razón a sus nacionales, sin atender a los argumentos de la otra parte. Perdí todos los juicios de forma injusta y desde febrero de 2016, cuando ella desaparece con el niño, no he vuelta a saber nada de él.

¿Por qué decidió fundar la asociación Niños Sin Derechos?

A la vuelta de Rusia, tras el último juicio, pensé que podría haber más gente en España en la misma situación. Contacté con Alberto Encinas, que tenía a su niña desaparecida en Polonia, y juntos fundamos la asociación para tratar de organizarnos. En la actualidad somos cerca de 600 padres en toda España, aunque en realidad puede haber miles, ya que los afectados, papás en su mayoría, dedican al principio muchos esfuerzos a intentar negociar con la otra parte de forma privada.

¿Cuántos casos de secuestros parentales en el extranjero tienen registrados en España?

En los últimos nueve años hay 3.000 denuncias por desaparición de menores debido a la sustracción parental. En 2021 la Fiscalía General del Estado abrió 1.269 diligencias previas por sustracción de menores.

¿Y en Balears?

Solo en 2021 hubo 61 casos. Balears es una de las comunidades con mayor índice de secuestros parentales en el extranjero por la gran cantidad de matrimonios de diferentes nacionalidades que hay.

¿Cuáles son los objetivos de la asociación?

Lo que pretendemos es protocolizar las formas de actuación de los juzgados españoles. Por ejemplo, muchos de estos casos se inician por la vía penal, lo que es un error, porque ralentiza mucho las soluciones. Es mejor comenzar por la vía civil, y solicitar a los tribunales del país en el que tienen a los niños que admitan las custodias establecidas por los juzgados españoles. También damos apoyo emocional y psicológico a los padres, porque es importantísimo mantener la fortaleza, ya que suelen ser procesos muy largos.

Uno de sus grandes éxitos fue la recuperación de Olivia Encinas, la niña pollencina que estuvo ocho años retenida por su madre en Polonia.

El padre de Olivia, Alberto, tenía la parte jurídica muy bien cubierta, pero faltaba la ejecución. Y la ejecución de la sentencia depende de la Policía y la Fiscalía, que tienden a proteger a sus nacionales y pueden prolongar el proceso hasta el infinito. En este caso fue muy importante la implicación de la comandante Karolina Gawlicka-Bak, al considerar que por encima de la nacionalidad estaba el bienestar de la menor, lo que la llevó a colaborar con la fiscalía española y la Guardia Civil. Hubo una gran colaboración entre las instituciones españolas y polacas. Esta la clave del éxito y este el modelo que se debería exportar a todos los casos.

Lo plantea como si el caso de Olivia Encinas pudiera suponer un punto de inflexión en estos casos.

El caso de Olivia salió bien porque todas las instituciones actuaron bien, de forma coordinada. Es un caso que nos tiene que servir como referente, como ejemplo de actuación. Estoy seguro de que nos servirá de mucho en el futuro.

¿Y cómo se puede lograr que los tribunales extranjeros admitan las decisiones de los jueces españoles?

Tenemos que protocolizar las sentencias para que no planteen ninguna objeción en el extranjero, para que fuera de España no haya la menor duda de cómo aplicar estas resoluciones

¿Cuáles son los países que plantean más problemas en estos casos?

Nosotros dividimos el mundo entre los que ha suscrito el Convenio de La Haya y los que no. En aquellos que no lo han firmado, como los países africanos o China, no hay nada que hacer. Pero es que entre los que sí han firmado el convenio, hay muchos que lo incumplen. Entre ellos, los más complicados son Rusia y los países de la antigua órbita soviética. Tienen un nacionalismo muy exacerbado y por sistema tienden a dar la razón a sus nacionales.

¿Por qué la situación es tan complicada en Rusia?

Rusia nunca cumple los convenios internacionales. Nos hemos quejado al ministerio de justicia porque no denuncian estos incumplimientos. Rusia ha sido expulsada del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y del Tribunal de Derechos Humanos. Rusia va por libre, utiliza el convenio de La Haya cuando le beneficia, pero no actúa de forma recíproca.

¿Hay todavía poca sensibilidad en las instituciones españoles ante los casos de secuestro parental?

Sí, en España todavía falta mucha sensibilidad. Los juzgados no tienen información, no saben cómo tratan en algunos países extranjeros sus resoluciones. Hay figuras, como la de la guarda y custodia, que muchas veces los jueces polacos no entienden, se pierden en la traducción. Pero sí entienden cuando la patria potestad es compartida. A veces es difícil hacer casar las distintas legislaciones, por eso es importante que los jueces españoles tengan esta información, para que sus decisiones no puedan ser malinterpretadas. Dejar claro, por ejemplo, que aunque un cónyuge tenga la patria potestad compartida, la puede perder si no regresa con el menor a España.

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