El Tribunal supremo eleva la pena a seis años al sargento que mató a un legionario mallorquín y condena a otros dos oficiales

Con los mismos hechos considerados probados por el Tribunal Militar de Sevilla, la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha elevado notablemente la pena para el sargento que el 25 de marzo de 2019 mató de un disparo al legionario mallorquín Alejandro Jiménez Cruz durante unos ejercicios en Agost (Alicante). Los tres años y diez meses a los que fue condenado inicialmente pasan a cinco años y once meses. La sentencia condena también a tres años de prisión al teniente, por permitir la conducta irregular del sargento, y a un año al capitán de la compañía, que se había ausentado de la práctica y luego trató de ocultarlo y entorpecer la labor de la Guardia Civil.

El sargento Saúl Antonio Guil había sido el único condenado por el Tribunal Militar de Sevilla, que le impuso una pena de catorce meses de cárcel por dos delitos de abuso de autoridad y otra de dos años y ocho meses por un delito contra la eficacia del servicio. En su reciente sentencia, el Tribunal Supremo considera ampliamente probado que el sargento Guil fue el autor del disparo que causó la muerte del legionario mallorquín. Aquel 25 de marzo de 2019, cuando el ejercicio de tiro en el campo de Agost ya había finalizado, «se inventó un nuevo enemigo» y ordenó abrir fuego contra el faldón de una montaña cercana. Él abrió fuego sobre sus propios hombres y uno de sus disparos alcanzó en el pecho a Alejandro Jiménez Cruz, que falleció cuando era trasladado en ambulancia. El sargento posteriormente acosó a otro de los legionarios al descubrir que estaba colaborando con la Guardia Civil en la investigación.

Tres condenados

El Supremo mantiene la condena de catorce meses de prisión por dos delitos de abuso de autoridad, y eleva a cuatro años y nueve meses la pena por un delito contra la eficacia en el servicio, lo que implica una pena total de cinco años y once meses de cárcel.

El Supremo extiende la condena al teniente Pablo Fernández y al capitán Antonio Cabello, al mando de la compañía. Sobre el primero considera que «permitió que el sargento se extralimitase en sus funciones y ordenase continuar el ejercicio más allá de lo ordenado». Por su parte, el capitán se había ausentado del campo de maniobras durante el ejercicio. La sentencia considera que ambos «incumplieron conscientemente lo ordenado por la Policía Judicial» y «faltaron gravemente a la consideración debida a las funciones de dicho agente» y a «los principios de ejemplaridad, honradez y responsabilidad». El Tribunal impone una pena de tres años de prisión al teniente por un delito contra la eficacia del servicio y otro de desobediencia. Al capitán le impone un año de prisión por desobediencia.

La sentencia eleva a 250.000 euros la indemnización a los padres del soldado fallecido.

La sentencia incluye un voto particular del presidente de la sala, en el que muestra su discrepancia y entiende que la conducta del sargento fue dolosa, ya que por fuerza tenía que ser consciente del riesgo que generó con su actuación.

Alejandro Jiménez falleció el 25 de marzo de 2019 tras recibir un disparo que, según puso de manifiesto la investigación de la Guardia Civil, partió del fusil de su propio sargento. Posteriormente los mandos de la unidad maniobraron para entorpecer las pesquisas de los agentes, manipularon el escenario y presionaron a uno de los soldados que colaboró con los investigadores.