La familia okupa que secuestró al dueño de una empresa de desokupación en Cala Rajada pedía dinero para irse de las viviendas

La familia que secuestró al dueño de una empresa de desokupación en Cala Rajada, que pretendía echarlos del inmueble, se dedicaba a okupar viviendas para cobrar dinero a cambio de abandonarlos. Agentes de la Guardia Civil ha detenido a cinco personas de este núcleo familiar por los presuntos delitos de detención ilegal, amenazas de muerte con arma de fuego, robo con violencia y usurpación de funciones públicas. El juez decretó prisión sin fianza para cuatro hombres mientras que la mujer quedó en libertad con medidas cautelares, al tener menores a su cargo.

Los hechos ocurrieron la semana pasada en una vivienda okupada en la playa de Son Moll de Cala Rajada. El responsable de una empresa de desokupación se dirigió a dicho inmueble con la intención de llegar a un acuerdo para que ser marcharan de la casa y la dejaran libre. La charla transcurrió de manera cordial y acordaron verse al día siguiente para formalizar dicho acuerdo e irse.

Sin embargo, al día siguiente, al personarse el dueño de esta empresa de desokupación en el lugar, lejos de alcanzar un acuerdo, se topó con una encerrona. Cuando le invitaron a pasar para que plasmara por escrito las condiciones para que se marcharan, le rodearon y le intimidaron entre tres hombres y una mujer.

Al ver la situación, el responsable de la empresa de desokupación trató de salir del domicilio, pero no se lo permitieron. En ese momento la víctima dijo que avisaría a la Guardia Civil. En ese momento apareció en escena un quinto individuo ataviado con un polo del instituto armado y le encañonó con una escopeta de caza. Acto seguido los otros cuatro le retuvieron, le quitaron el móvil y trataron de atarle con bridas para que no pudiera escapar.

Alerta del rehén

Al cabo de media hora, agentes de la Guardia Civil de Artà se personaron en el domicilio después de ser alertados por los vecinos ante el revuelo causado. El rehén aprovechó la ocasión para salir al exterior y alertar a los efectivos del instituto armado.

Acto seguido los guardias civiles aseguraron la vivienda, se incautaron de las armas y detuvieron a los cinco okupas miembros de la familia. Durante el registro intervinieron un polo oficial técnico del instituto armado y las bridas que utilizaron.

Los detenidos contaban en su haber con numerosos antecedentes por diferentes delitos. En el caso de la okupación de domicilios, su finalidad era establecerse allí para solicitar luego una cantidad de dinero a cambio de abandonar los inmuebles.

Al ser puestos a disposición judicial, el juez decretó el ingreso en prisión sin fianza de los cuatro hombres y la mujer quedó libre con medidas cautelares, al tener menores a su cargo. Esta familia había protagonizado en Capdepera numerosos episodios de desórdenes públicos y otros hechos delictivos.