Prohens defiende que no contribuirá a aumentar «ni un palmo» la presión territorial

La presidenta del Govern, Marga Prohens, defiende sin ambages la amnistía urbanística aprobada el pasado viernes que se aplicará en aquellas edificaciones ilegales construidas en suelo rústico cuyas infracciones hayan prescrito y defiende que esta decisión «no tiene nada que ver» con el pacto contra la masificación que se inició el pasado miércoles porque «no contribuirá a aumentar ni un palmo la presión sobre el territorio ni tampoco la masificación porque estas edificaciones están allí y, hagamos lo que hagamos, ahí continuarán».

La presidenta asegura que no hay ninguna amnistía porque la amnistía significa perdón y hacer «como si no hubiera pasado nada», mientras que el decreto ley aprobado habla de regularizar edificaciones fuera de ordenación a través del pago de las tasas que deberían haber pagado anteriormente, asumiendo una sanción de los ayuntamientos y presentando un proyecto técnico con mejoras de sostenibilidad ambiental, medidas de eficiencia energética y del ciclo del agua.

«Esta regularización no es para grandes inversores»

Sobre las críticas por tratarse de una iniciativa que beneficia a los que más tienen, la líder del PP justifica que es totalmente lo contrario: «¿Sabe quiénes son los poderosos? Las familias de esta tierra que hace años que no pueden arreglar su casa y que la administración les da la espalda. Esta regularización no es para grandes inversores, fondos de inversión o millonarios. Las familias que viven desde hace décadas en esta tierra han visto una situación que ustedes no han arreglado».

Asimismo, reitera que estas edificaciones legalizadas no se podrán destinar a alquiler turístico ni se podrán legalizar agroturismos u hoteles rurales, por lo que pregunta directamente a la oposición cuál es su propuesta ante esta situación: «¿Qué proponen? ¿Mirar hacia otro lado? ¿Dejar estas edificaciones sin que paguen tasas o sin pagar sanciones, filtrando aguas sucias en el suelo y con un consumo energético totalmente ineficiente?».

Un decreto ley «depredador»

Por su parte toda la oposición criticó duramente a la presidenta del Govern por sacar adelante este decreto ley que tildan de «depredador» por los efectos que tendrá sobre las islas. El más crítico fue el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, quien acusó a la presidenta de aprobar una amnistía urbanística «sin debate, consenso o datos» que supondrá poner «alfombra roja» a los infractores: «Parece que les tenemos que pedir disculpas, porque la amnistía lanza un mensaje de impunidad a los infractores y la legalización estimulará nuevas infracciones».

Castells contradice a Prohens al defender que el decreto «evidentemente» añade una mayor masificación a las islas porque «lanza un mensaje de impunidad y de que aquí no pasa nada, de que se puede hacer la infracción y tarde o temprano se legalizará». «No solo es un perdón, sino que es un premio: premian otra vez a los grandes infractores que legalizarán grandes construcciones y que obtendrán inmensas plusvalías. Ustedes lanzan el mensaje de que los que hacen las cosas bien son unos tontos y quienes lo hacen mal, tarde o temprano verán legalizadas sus construcciones y obtendrán un gran beneficio de su infracción».

El dirigente ecosoberanista calificó de «pura propaganda» la deducción para rentas bajas que reivindica el PP al considerar que «no solucionará nada» porque estas personas no podrán pagar ni medidas de eficiencia energética ni de reducción del impacto del medioambiente: «Es otra medida de propaganda para esconder que esta amnistía beneficia a los grandes infractores, con perjuicios para la gente que ha hecho las cosas bien».

«El Govern acaba de disparar el precio del suelo rústico en Mallorca», según el PSIB

Legalización de piscinas

El portavoz del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, carga contra Prohens por aprobar el texto tan solo dos días después de la mesa contra la masificación en la que se habló de poner límites al turismo: «Aprueba 85 páginas de liberalización, de menos requisitos, de menos límites, de más depredación, de menos agua, de menos requisitos ambientales, más rústico destruido, más presión humana y más explotación de espacios protegidos».

En cuanto al portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, denunció que la presidenta está lanzando un mensaje claro a los mallorquines que no han construido porque no tenían dos quarterades o no se han hecho una piscina porque no podían porque son gente que cumple con la normativa: «Usted les ha dicho que son los más tontos del pueblo porque el que vino y se hizo una casa o una piscina saltándose la normativa se lo han arreglado». Así, reprocha al Govern que incluya la legalización de las piscinas en el decreto: ¿Son una condición indispensable? Porque usted también las arregla, y esto solo servirá para aumentar la plusvalía si estas casas se venden».