El alquiler turístico se moviliza para no perder las licencias en casas ilegales en Baleares

«No podemos desvestir un santo para vestir otro». Así resume el presidente de la Federación Balear de Viviendas Turísticas (Febhatur), Miquel Cifre, «la problemática» para su sector que se deriva de la amnistía urbanística del Govern: al legalizarse viviendas fuera de ordenación pierden la licencia turística al prohibir el decreto ley de simplificación administrativa dicha activad en los inmuebles ‘salvados’. La patronal ha iniciado una ronda entre los municipios más afectados por esta medida. Ya cuentan con la complicidad del alcalde de Pollença, el socialista Martí March. 

Febhatur acordó este lunes con March presentar una enmienda al decreto aprobado por el Ejecutivo de Marga Prohens para «mantener la legalidad de las licencias turísticas» otorgadas, según informó la patronal balear en una nota de prensa. 

Seguirán en Alcúdia y Santanyí

Con el decreto ley de simplificación administrativa se podrán legalizar en el plazo máximo de tres años las edificaciones, construcciones, instalaciones y usos fuera de ordenación urbanística contra las que la Administración ya no puede actuar al haber prescrito. Como contraprestación, la medida incorpora la prohibición de destinar estas viviendas a la comercialización de estancias turísticas. 

Según expone la federación balear, hay viviendas ilegales que obtuvieron la licencia para el alquiler vacacional y ahora si se legalizan la pierden. En esta situación se encuentran inmuebles principalmente en Pollença y también en Alcúdia y Santanyí, por lo que Febhatur seguirá con encuentros con los alcaldes de esas localidades.

Así, Miquel Cifre, que además de presidir la patronal balear lidera la Asociación de Empresarios de Villas Turísticas, defiende que una vez aprobada la amnistía urbanística es necesario «solucionar» este otro problema. «No podemos desvestir un santo para vestir otero», opina. 

Para Martí March se debe garantizar «la seguridad jurídica de una actividad tan arraigada» en Pollença. El alcalde socialista cree que «para arreglar una ilegalidad», la urbanística, no se puede perder «una licencia totalmente legal», en relación a la del alquiler vacacional. Por ello, apoya que se puedan legalizar las viviendas sin tener que renunciar a la licencia turística.

Por otro lado, este lunes el presidente Pedro Sánchez se refirió ayer a que el Ejecutivo central va a avanzar en medidas como un registro estatal de viviendas turísticas y en modificar la Ley de Propiedad Horizontal para que las comunidades de vecinos tenga poder de decisión sobre el establecimiento de pisos turísticos en sus fincas. La presidenta de la Federación Hotelera, María Frontera, cree que «la revisión normativa y el registro estatal son iniciativas necesarias para controlar esa oferta y liberar vivienda que actúa de forma ilegal y para dar seguridad a los usuarios».

María Gibert, gerente de Habtur, cree que a Baleares no le afectará en gran medida porque en Palma están prohibidos los pisos turísticos y la ley de turismo ya obliga a consultar a las comunidades de vecinos. El registro estatal lo ve «complicado» porque cada comunidad autónoma tiene el suyo propio y con diferentes tipologías de viviendas.