El precio de las fincas rústicas amnistiadas en Mallorca se dispara por los costes de la legalización

La amnistía urbanística del Govern de Marga Prohens ya ha provocado que muchos propietarios de construcciones ilegales en suelo rústico, que se encuentran fuera de ordenación y que han prescrito, hayan incluido en el abultado precio de venta el importe de la legalización de la edificación. Las fincas rústicas de Mallorca están por las nubes. «Ahora, se venden pequeñas casas de campo de 45 metros cuadrados que se tienen que reformar por dentro por completo por 120.000 euros», reconoce el responsable de una inmobiliaria del Pla de Mallorca.

A los ya desorbitados precios de venta, hay que añadir el coste de la legalización de la casa, que podría oscilar entre los 25.000 y los 40.000 euros para una vivienda de unos 200 metros cuadrados, según apuntan arquitectos y abogados especializados en urbanismo. «Un cliente ha puesto a la venta un chalé en suelo rústico por más de 500.000 euros. Dentro de ese precio, ya incluye el coste del procedimiento para legalizarlo», destaca un arquitecto mallorquín, en referencia a una propiedad ubicada a las afueras de Manacor.

Julià Sansó, abogado y consultor inmobiliario de la zona del Pla de Mallorca, confirma que el procedimiento de legalización extraordinaria que regula la Disposición Adicional Séptima del Decreto Ley 3/2024, de 24 de mayo, aprobado por el Govern y al que se ha adherido el Consell de Mallorca, ha hecho que se disparen los precios de venta de las edificaciones en suelo rústico. Según su versión, en muchos de estos casos, el precio total ya incorpora el coste que supone la legalización de la construcción.

«De esta forma, se accede al mercado extranjero porque es un mercado más selectivo. El comprador nacional no tiene tantos problemas en adquirir una propiedad fuera de ordenación. En cambio, un ciudadano extranjero quiere toda la documentación en regla, quiere que todo esté correcto», detalla Sansó. «Así, se accede a este mercado extranjero, que es más escrupuloso con las construcciones fuera de ordenación. Les da igual pagar más, mientras el chalé tenga todo en regla», añade el consultor inmobiliario.

Captar a un comprador extranjero

«Hay propietarios que han visto que ahora pueden llegar a un perfil de comprador que en un principio estaban vedados para ellos. Antes, no confiaban en vender su propiedad a un extranjero y, ahora, han visto el cielo abierto» gracias a la amnistía urbanística, que permite legalizar construcciones en suelo rústico de hace más de ocho años. Esto explica, entre otras razones, que el valor de estas viviendas se haya multiplicado de forma exponencial.

La amnistía urbanística de Prohens ha generado un enorme interés entre la ciudadanía, tanto entre los residentes de las islas como los extranjeros. Arquitectos y abogados coinciden al destacar que han recibido muchas llamadas de clientes.

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Tomeu Cifre, arquitecto con un estudio en Pollença, explica que principalmente en municipios costeros de la isla y también en zonas próximas a la Serra de Tramuntana, hay muchas viviendas en suelo rústico fuera de ordenación que se podrían acoger al procedimiento de legalización extraordinaria. Se trata de construcciones de los años 90 y principios del 2000. «Hemos recibido bastantes peticiones de información de clientes, mayoritariamente, mallorquines. La gente está muy perdida. No saben cómo se aplica este procedimiento y están interesados en saber el coste que les puede suponer la legalización. Si el coste es muy elevado, hay gente que no le saldrá a cuenta», asegura Cifre.

El nuevo Decreto Ley del Govern también ha supuesto un verdadero boom para empresas de topografía, proyectos y planos, fotografía, estudios de arquitectura, despachos de abogados especializados en urbanismo y agencias inmobiliarias centradas en fincas rústicas, entre otras.

Un nicho para explotar

Con lemas como ‘Ahora es el momento, legaliza tus obras’ o ‘¿Tienes una propiedad ilegal? Nosotros la legalizamos’ estas empresas se anuncian en distintos municipios de la Part Forana a la caza de potenciales clientes.

«Con la amnistía urbanística se ha abierto un nicho importante de mercado», admite el abogado Julià Sansó. «A mar revuelta, ganancia de pescadores», agrega el consultor inmobiliario, quien advierte que no todas las edificaciones en suelo rústico podrán beneficiarse del procedimiento de legalización extraordinaria. «Algunos propietarios tendrán problemas para demostrar la prescripción ante la Administración, ya que no tienen apenas ningún documento», puntualiza Sansó.

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La arquitecta Aina Roig, asentada en la zona de Manacor, Santa Margalida y Sant Llorenç, indica que hay propietarios reacios a hacer nuevas intervenciones para legalizar sus casas. «Cuando le explicas a la gente que hay que hacer una intervención, algunos son reacios. A veces hay que hacer obras por un tema de habitabilidad. La gente es reacia a cualquier tipo de intervención que implique obra cuando ya tiene la construcción hecha, incluso sabiendo que es una edificación ilegal», señala Roig.

La profesional también avanza que será difícil justificar la prescripción para muchos propietarios. «Mucha gente lo tendrá complicado, porque no tendrá la documentación. Mucha gente no tiene nada», abunda Roig.

La arquitecta remarca que están a la espera de que los técnicos municipales se pronuncien sobre los criterios de mejora ambiental. «Estamos pendientes de las medidas de mejora de carácter ambiental que supongan una reducción de la contaminación lumínica y un incremento de la eficiencia energética e hídrica de la edificación», recuerda Roig. Según sostiene, parece que cada ayuntamiento tendrá sus propios criterios, lo que dificultará sobremanera el trabajo.

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