Ses Covetes pinta diferente. El tradicional núcleo costero del municipio de Campos ha recobrado una imagen mucho más respetuosa con el medio ambiente y acorde con su estampa original. A simple vista es ahora mucho más natural. El 2 de abril de 2013 dieron inicio las históricas obras de derribo de la polémica urbanización ilegal, incabada y abandonada, en la zona de Torre Marina. Desde la famosa playa de es Trenc se podía oír el ruido de la taladradora. El conflicto, plagado de pleitos y luchas diversas, duró hasta 21 años y tuvo que ser la Justicia la que pusiera ´firme´ al ayuntamiento de Campos. Fijó estrictos plazos; advirtió al alcalde de sanciones si no cumplía y condicionó la adjudicación de chiringuitos y servicios playeros (hamacas y sombrillas) de ses Covetes-es Trenc a la ejecución efectiva de la sentencia, es decir, hasta que no terminasen los trabajos.
Un fin de semana como éste, fue hace un año de lo más especial. Era el último en el que el conjunto de 13 bloques se mantenía en pie (total de 68 apartamentos). Cada construcción fue marcada con un número mediante spray fluorescente. El 1 correspondía a la estructura de subterráneo, que debía servir de parking para buena parte de los inquilinos que nunca llegaron. En esas fechas, el Consell de Mallorca desveló el plan de restitución de los terrenos. La discutida intención de aprovechar los escombros para rellenar la finca fue avalada por el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) pese a las alegaciones en contra de Mac Insular y el GOB. Més per Mallorca y Esquerra Unida también expresaron sus reparos.
Finalmente se encargó tan importante proyecto de demolición a la empresa pública Tragsa. La fecha tope, impuesta por el juez, para la conclusión de los derribos y restitución de los terrenos al estado en que se encontraban en 1992: 15 de mayo. Hay que recordar que en 1992 fue cuando el Ayuntamiento decidió dar licencia con el beneplácito del Consell para la construcción de unas viviendas situadas a apenas 20 metros del mar, sin tener en cuenta la ley de Costas de 1989 que estipulaba 100 metros de protección.
La misma semana en la que comenzó a tirarse abajo los 13 inmuebles, miembros del GOB y del PSM acudieron al lugar para hacerse una foto singular. Varios de ellos incluso llegaron a hipotecar patrimonio personal para interponer el primer pleito contra la construcción, dos décadas atrás, de la urbanización.
Tras demoler el aparcamiento, las máquinas empezaron a ´comerse´ el primer chalé el 5 de abril. Una cizalla ´mordisqueaba´ suelos, ventanas y balcones como si fueran de galleta.
En plena ejecución de las obras, el alcalde, Sebastià Sagreras (PP), reivindicaba: "Campos seguirá luchando por su desarrollo turístico y económico". En este sentido, defendía otro proyecto muy polémico: el macrohotel de lujo de 1.200 plazas y campo de golf junto al club náutico de sa Ràpita.
Mientras tanto, también se producían nuevos pronunciamientos judiciales. El TSJB volvió a comentar las "coincidencias" entre los recursos del Consistorio y la promotora, reprochando las "constantes maniobras tendentes a impedir la ejecución de la sentencia".
Ante la curiosidad de los turistas y bañistas que se acercaban, cada vez en mayor cantidad a las playas de ses Covetes y es Trenc, los trabajos proseguían a buen ritmo. A mediados de abril, la urbanización era ya una ilegalidad al 50%. De esta manera, el conjunto residencial de 68 viviendas, piscina y bar-restaurante, desaparecía físicamente del entorno. Y el Consell reiteró que para el relleno lo que se aprovechaba consistía en material inerte: hormigón y elementos cerámicos. Se separaban hierros, plásticos y maderas.
El último de los 68 chalés ´cayó´ a finales de abril, un mes después de comenzar las demoliciones. Tan solo quedaba en pie el bloque que debía albergar el restaurante (la estructura de ejecución más avanzada disponiendo incluso de instalación eléctrica), que fue hecho añicos pocos días después. En esas jornadas se supo que parte de los 1.900 m3 que faltarían para llegar a la cota original del antiguo sistema dunar se traerían de una cantera cercana donde ya en 1994 la promotora depositó los escombros y tierras de las excavaciones previas para la construcción interrumpida un año más tarde.
El serial de este caso arrancó con la concesión de la licencia en 1992. Estuvo en primer lugar en manos de la promotora Terrusan S.A., luego pasó a una entidad bancaria y en último lugar Marina Ernst S.L. En el actual grupo de empresarios propietarios figura precisamente el padre del vigente alcalde, Sebastià Sagreras, Peixet. Según ha podido saber Diario de Mallorca esta misma semana, se trata de una docena de empresarios implicados. Si en la pasada legislatura, con Campos pel Canvi y UM en el poder, reclamaron una indemnización de unos 27 millones de euros, uno de los empresarios ha revelado que todavía aspiran a recibir su "justa compensación" y que recurrirán "hasta donde haga falta".
En cuanto a las instituciones, Ayuntamiento, Consell y Govern (las tres dirigidas por el PP) consensuaron los pasos a seguir y, con un presupuesto de unos 452.000 euros cumplieron el mandato judicial. A finales de mayo la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística y Territorial de Mallorca, vinculada al Consell, confirmó la finalización de los trabajos de demolición.
Nadie tiene la ´culpa´
A todos los capítulos de esta historia, hay que sumar el episodio vivido en el pleno del pasado jueves. El PP informó de que José Eugenio Soriano García, catedrático de derecho administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, ha concluido que no hay ningún responsable político local por ses Cove tes, en todo caso sería supramunicipal (Consell o Costas) y los hechos habrían prescrito. Ello es muy criticado por partidos de izquierdas y vecinos ya que recuerdan el dinero público destinado por gobiernos del PP en la defensa de la urbanización ilegal.
